Un informe de cinco organizaciones internacionales involucró ayer al presidente de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), Roberto Castillo, en el asesinato de la ambientalista hondureña Berta Cáceres en 2016, un caso por el que lleva preso desde 2018.
“Queremos construir la verdad” y “encontrar los vínculos de Castillo en el asesinato”, dijo en rueda de prensa Berta Zúniga, hija de la asesinada y presidenta del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras.
El informe establece que el presidente de DESA está implicado “en un patrón de violencia, violaciones de derechos humanos y corrupción para beneficiar a las empresas asociadas”. Siete personas, incluyendo dos empleados de DESA, fueron condenados por el asesinato.
