El relator de la comisión de juicio político de la Cámara de Diputados de Brasil consideró ayer que la presidenta Dilma Rousseff debe ser sometida a un juicio de destitución por maquillaje de las cuentas públicas.
El diputado Jovair Arantes se manifestó a favor de la “admisibilidad jurídica y política de la acusación y por la consecuente autorización para la instauración, por el Senado Federal, del proceso por crimen de responsabilidad” de la mandataria, indica el informe distribuido por la Cámara.
El informe de 188 páginas, que estaba siendo leído ante la comisión, considera que “la denuncia reúne todas las condiciones jurídicas y políticas” para su admisión.
“La magnitud y el alcance de las violaciones practicadas por la presidenta de la República constituyeron un grave desvío de sus funciones, con perjuicios a los intereses de la nación (...). Tales actos justifican la apertura excepcional del mecanismo de impeachment”, subraya.
La sesión comenzó con increpaciones entre diputados, con trasfondo de gritos de partidarios de Rousseff, que denunciaban una tentativa de “golpe de Estado”, constató un periodista de la AFP.
Los 65 diputados que conforman la comisión podrán modificar el texto hasta el lunes próximo, cuando procedan a votarlo.
Cualquiera sea la decisión, se trata de un informe no vinculante que debe ser aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados.
Salvo imprevistos, la discusión en esta instancia se iniciará el viernes 15 y el voto se llevará a cabo el lunes 18, según previsiones de la comisión.
Una moción de juicio político tiene que contar con el apoyo de un mínimo de 342 de los 513 miembros de la Cámara (dos tercios), para pasar al Senado.
Y si este a su vez la aprueba, por mayoría simple (el voto podría ocurrir a inicios de mayo), Rousseff será separada de su cargo por un máximo de seis meses, en espera del veredicto final, que estará igualmente en manos del Senado.
Si se aprobara su destitución, Rousseff sería reemplazada hasta el fin de su mandato en 2018 por su vicepresidente, Michel Temer, del partido centrista PMDB, que la semana pasada rompió una alianza con el Partido de los Trabajadores de Rousseff y se sumó a la causa del juicio político.