Personal del Ministerio Público inspeccionó ayer las oficinas administrativas de la Caja de Seguro Social (CSS) en busca de nuevos elementos relacionados con la defraudación millonaria a través del Sistema de Ingreso y Prestaciones Económicas (SIPE), en el que se reportan los pagos de las cuotas obrero-patronales.
Las fiscales anticorrupción Ruth Morcillo y Vielka Broce solicitaron que se les explicara cómo funciona el SIPE y sus posibles debilidades operativas, durante una reunión con los encargados de la Dirección de Informática de la institución, y pidieron, además, la comparecencia de los auditores internos de la CSS, encargados de verificar el funcionamiento del sistema.
El Ministerio Público investiga a 14 empresas presuntamente implicadas en un esquema para sacar provecho del SIPE, lo que habría ocasionado pérdidas a la CSS por unos 300 millones de dólares.
SUPUESTO FRAUDE
Ruth Morcillo y Vielka Broce, fiscales anticorrupción del Ministerio Público, efectuaron ayer una inspección ocular en las instalaciones de la Caja de Seguro Social (CSS), relacionada con las supuestas irregularidades detectadas en el manejo del Sistema de Ingresos y Prestaciones Económicas (SIPE).
Fuentes ligadas a la investigación informaron que Morcillo y Broce se reunieron con funcionarios de la Dirección de Asesoría Legal y de Ingreso de la CSS.
Además, pidieron al personal encargado de la Dirección de Informática que les explicara cómo funciona el SIPE y sus posibles debilidades operativas.
Durante la diligencia, el Ministerio Público también pidió la comparecencia de los auditores internos de la CSS encargados de verificar el funcionamiento del SIPE y determinar el grado de eficiencia de los funcionarios encargados de su operación.
La diligencia se inició a las 9:00 a.m. y se prolongó hasta después del mediodía.
El Ministerio Público investiga a 14 empresas presuntamente implicadas en un esquema para sacar provecho del SIPE, lo que habría ocasionado pérdidas a la CSS por unos $300 millones, aunque hasta ahora las auditorías han confirmado la posible defraudación de $64.3 millones.
El pasado 20 de mayo, el Ministerio Público solicitó al Registro Público las certificaciones de las compañías vinculadas al caso. Hasta ahora, no se han ordenado indagatorias ni detenciones.
El SIPE permite al representante legal de una empresa ingresar los datos del trabajador que afilia y hacer correcciones en los reportes de las planillas cuando estas ya estén cerradas, y disminuir el monto de los salarios ya declarados.
