Publicaciones incómodas, filtración de documentos sensibles y evidencias de protestas y conflictos armados son los principales motivos por los cuales son bloqueados los espacios de internet en Venezuela.
Así lo explicó Andrés Azpúrua, activista venezolano de los derechos en línea, durante una charla que se efectuó como parte de la reunión preparatoria para el Foro de Gobernanza de Internet, llevado a cabo en Panamá la semana pasada.
Según Azpúrua, en Venezuela no solo se aplica una gran cantidad de bloqueos en internet de “forma arbitraria” y sin cumplir estándares internacionales, sino que esto ocurre de forma informal y no son públicas las solicitudes de bloqueo del Estado a los proveedores de internet.
“En la mayoría de los casos, no hay derecho a la defensa o recurso de apelación conocido”, dijo el activista, quien argumentó que estas medidas de bloqueo que aplican los proveedores de internet, estatales y privados, “son originadas por órdenes y presiones del Gobierno”.
Venezuela Inteligente, organización que Azpúrua dirige, comprobó la existencia de bloqueos en internet, desde el año 2010 hasta la fecha, en todos los principales proveedores de servicio de internet.
En 2016, por ejemplo, detectaron 37 sitios con, al menos, un dominio bloqueado.
En mayo del presente año, el Índice de Censura (Index on Censorship) publicó evidencia de bloqueo a 41 sitios, entre ellos, tres medios en línea.
Mientras que el pasado 28 de junio, en horas de la noche, usuarios de diversas ciudades de Venezuela reportaron nuevos bloqueos en las principales redes sociales, como Twitter, Facebook e Instagram por una hora.
Cifras recabadas por la citada organización indican que 36% de los bloqueos en el país suramericano se dan en páginas relacionadas con el mercado de divisas, 32% en medios de comunicación, otro 16% involucra sitios con contenidos de lotería; 12% en redes sociales y, finalmente, 4% en blogs.
VIGILANCIA Y HOSTIGAMIENTO
Por su parte, Ira Puyosa, investigadora y consultora en comunicación de políticas públicas sobre internet, señaló que en Venezuela las prácticas de monitoreo en el ciberespacio por parte del Estado son y han venido siendo “masivas”.
Explicó que de esto se han originado reportes policiales rutinarios sobre la actividad ciudadana en internet.
Además, precisó que se ha utilizado la información publicada en línea para hostigar o acusar legalmente a activistas políticos.
A finales de agosto y a principios de octubre de 2014, siete usuarios de la plataforma Twitter fueron detenidos por la Policía política, luego de publicar tuits alusivos al asesinato del diputado del partido político oficialista Robert Serra.
El caso más “conspicuo” de judicialización del uso de internet para la expresión política, según Puyosa, fue el juicio contra el dirigente político Leopoldo López.
“El primer elemento que se presentó para la acusación fue un tuit y un video publicado en Youtube con el discurso de López el 23 de enero (...) del video, la acusación destacó la frase ‘tenemos que salir a conquistar la democracia’, a la cual se le atribuyó contenido violento y motivaciones desestabilizadoras, de acuerdo con el Ministerio Público” venezolano, relató Puyosa.
VULNERAN DERECHOS HUMANOS
Los expositores explicaron que todo esto ha ocurrido en el contexto de un deterioro general de las telecomunicaciones, como consecuencia de la desinversión en el sector durante los últimos 10 años, lo que ha conducido a que Venezuela sea actualmente el país de Latinoamérica con la peor calidad de conexión a internet.
Asimismo, coincidieron en que las medidas tomadas por el Estado venezolano para restringir los contenidos en línea constituyen restricciones a los derechos fundamentales de sus ciudadanos y, como tales, no cumplen con los requisitos mínimos de proporcionalidad, legalidad e idoneidad.
Para la abogada Marianne Díaz, otra de las panelistas de la charla, la suma de estos factores, agravada por el paso del tiempo y la profundización de la crisis social y política, perfila la creación de un estado de censura, control y vigilancia que afecta el ejercicio ciudadano de los derechos humanos.
Y esto es así, dijo, pues el acceso a “un internet libre y de calidad” ha sido reconocido internacionalmente como una condición necesaria para el ejercicio de la libertad de expresión y el acceso a la información.