Los primeros de más de 700 alcaldes investigados en España por respaldar un planeado referéndum de independencia en Cataluña comparecieron ayer martes ante la fiscalía, pero se negaron a declarar.
Los alcaldes de los pueblos de Oliana, Pont de Suert y Mollerussa fueron recibidos por partidarios que gritaron “votaremos” tras sus comparecencias el martes.
La Corte Constitucional de España ordenó la suspensión del referéndum del 1 de octubre, y el Gobierno central en Madrid ha iniciado una serie de batallas legales para impedirlo, al sostener que la consulta es ilegal.
Ayer, un juez ordenó la incautación de una “ingente” cantidad de material hallado en una empresa de mensajería en Cataluña, que podría tratarse de tarjetas censales para el referéndum de autodeterminación, anunció el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Cataluña, que representa una quinta parte de la economía española, tiene unos 900 alcaldes. La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, no es investigada. Los 7.5 millones de habitantes de la región están divididos de forma virtualmente pareja sobre la independencia.