Desde el Gobierno se gestiona una serie de obras en el Parque Nacional Coiba, en la provincia de Veraguas, con el objetivo, según el Ministerio de Ambiente, de impulsar el desarrollo turístico y garantizar la conservación del área.
En tanto, grupos ambientales plantean que se requiere mayor “transparencia”, pues toda iniciativa que se impulse en la zona debe ser consultada con todos los actores, por lo que reclaman su participación.
AMBIENTALISTAS SOLICITAN VISITAR LA ISLA DE COIBA
Al menos 18 organizaciones ambientales emitieron su voz de alerta ante una serie de trabajos que se realizan dentro del Parque Nacional Coiba, en la provincia de Veraguas, y pidieron al ministro de Ambiente, Emilio Sempris, detallar proyectos que se llevan a cabo en el lugar.
A través de una carta pública fechada el pasado 5 de febrero, organizaciones como Fundación Mar Viva, Sociedad Audobon de Panamá y el Centro de Incidencia Ambiental mostraron su preocupación ante el hecho de que unos 40 funcionarios de la fuerza pública trabajan en la apertura de caminos y trochas en diferentes áreas del parque.
Las organizaciones recordaron en la nota que el Parque Nacional Coiba, así como su zona especial de protección marina, sufren “graves amenazas ambientales” que han traído como consecuencia que la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco, por sus siglas en inglés) haya advertido al Estado panameño sobre la posibilidad de incluir al sitio en la Lista de Patrimonio Mundial en Peligro.
De hecho, las organizaciones solicitaron realizar una veeduría ciudadana para verificar en campo lo que se realiza en el parque.
AUTORIDADES RESPONDEN
Las acciones efectuadas durante las últimas semanas en el Parque Nacional Coiba han sido respaldadas tanto por el Ministerio de Ambiente como por la Secretaría de Metas de la Presidencia de la República.
El ministro de Ambiente, Emilio Sempris, explicó que la labor que se realiza en la zona forma parte del Plan de Manejo del Parque y que en ningún momento se han abierto nuevos caminos, sino que se están limpiando los existentes.
Aclaró que se trata dejornadas de limpieza en las que no se ha utilizado ningún equipo pesado. De hecho, afirmó que los trabajos son realizados por funcionarios de la fuerza pública, como parte de su tarea de custodiar la isla y sus costas.
Para Sempris, “muchos de esos ambientalistas –que firmaron la nota– no están viendo el tema desde su justa perspectiva”.
Agregó que los trabajos realizados son un preámbulo a un proyecto que impulsa la Secretaría de Metas de la Presidencia de la República, con el propósito de mejorar la pista de aterrizaje de la isla.
Comentó que actualmente la pista es de lodo y cada vez que llueve los sedimentos se desplazan hacia la playa, causando daños a los arrecifes. Además, resaltó que la única manera de llegar al sitio es mediante lancha, y lo que se busca es mejorar la infraestructura del área protegida.
Por su parte, el secretario de Metas, Jorge González, manifestó que a principios de enero se subió al portal de Panamá Compra el pliego de condiciones para mejorar la pista, con precio de referencia de $2.5 millones.
Según el pliego de condiciones del acto público, la obra implica realizar los estudios que “sean necesarios” para el diseño y rehabilitación de la pista de aterrizaje de Coiba, cumpliendo con todas las normas de diseño y construcción que contempla la Autoridad Aeronáutica Civil.
Además, la construcción de un edificio que funcione como una “terminal aérea”, para la llegada y salida de las personas que visiten el lugar, con todos los sistemas para su correcto funcionamiento (eléctrico, plomería, entre otros).
El documento –disponible en el sitio web de Panamá Compra– indica que el diseño del edificio debe incorporar una oficina administrativa que cumpla con los requerimientos del lugar, así como baños, un área de recepción para los que visiten la terminal y una sala de espera para los turistas.
Según el documento, el contratista está obligado a dejar funcionando esa fase del proyecto en su totalidad.
De acuerdo con el pliego de condiciones del proyecto, la empresa que se adjudique la obra deberá proveer un servicio de mantenimiento y limpieza de todas las áreas por un periodo de seis meses. Además, debe contemplar la instalación de un sistema de energía solar que permita el funcionamiento del edificio, sin la necesidad de estar conectado a la red eléctrica.
González dijo que con el proyecto se busca “proteger y ofrecer seguridad a quienes custodian, preservan y visitan la isla”.