El compromiso de Panamá de ser una de las fuentes para balancear la protección de la biodiversidad a través del manejo forestal y la restauración productiva del paisaje como parte del Corredor Biológico Mesoamericano corre peligro.
La razón de ello es la compraventa de terrenos boscosos y vírgenes en la zona de Coclé del Norte y San José del General –en la provincia de Colón– a foráneos y locales, a precios absurdos, con el aval de la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (Anati), entre 2012 y 2014.
Otros peligros que afronta el área son las invasiones, la expansión de la frontera agrícola y la minería ilegal, esta última, vinculada a supuestos grupos criminales.
Estas tierras son parte de una iniciativa internacional que surgió en 1960, pero que se consolidó en julio de 1997, tras la firma de la Declaración de la XIX Cumbre de Presidentes Centroamericanos, efectuada en Panamá. Este esfuerzo en conjunto –que produjo relevancia a los corredores biológicos– surgió por la disminución del número de especies en zonas aisladas.
Irónicamente, cinco meses antes de la firma de Panamá, mientras se establecía formalmente el acuerdo del Corredor Biológico, el gobierno del presidente Ernesto Pérez Balladares entregaba en concesión 13 mil 600 hectáreas de esa zona boscosa a Minera Petaquilla, hoy Minera Panamá.
La concesión minera es por un periodo de 20 años prorrogables a dos periodos más por el mismo término para extraer oro, cobre y otros minerales. En el contrato, que vence en febrero de 2017, se le permitió a la minera, entre otras cosas, utilizar “aguas naturales” para los trabajos.
NARCOTRÁFICO
Pero, además de los peligros mencionados, estas tierras que eran del Corredor Biológico Mesoamericano del Atlántico Panameño (Cbmap) –administrado por el Ministerio de Ambiente – afrontan más riesgos. Durante un recorrido aéreo de este medio, quedó en evidencia que desconocidos se adentraron al denso bosque –sin calles ni otros accesos– para talar árboles y acaparar tierras (ver foto superior).
Esta situación fue confirmada por el hasta hace poco director de Áreas Protegidas y Vida Silvestre del Ministerio de Ambiente Samuel Valdés, quien indicó que las invasiones no solo provienen de foráneos, sino de indígenas ngäbe buglés que luego solicitan los títulos de propiedad.
Valdés también denunció que se está registrando una expansión de la frontera agrícola en el Cbmap y un desarrollo de la minería ilegal, esto último, aseguró, vinculado a una temida actividad: el narcotráfico.
El modus operandi de la red criminal –explicó Valdés– es que las veces que se decomisan motobombas –usadas para la extracción ilegal de oro–, a la semana los mineros tienen una nueva y hay que hacer otro operativo, “pues la minería ilegal se ha convertido en una forma de lavar dinero”.
Agregó que los criminales utilizan a indígenas para comprar las motobombas y el diésel, luego le compran el oro que extraen con ellas, el cual es fundido para hacer prendas, con lo cual completan el ciclo de lavado, reveló. Pero insistió en que el narcotráfico es un problema que trasciende el tema ambiental. “Sí hay un impacto ambiental –dijo–, pero es un tema de seguridad nacional, de los servicios Nacional Aeronaval (Senan) y Nacional de Fronteras (Senafront), y del Ministerio de Comercio e Industrias”.
El ex directivo ambiental efectuó tres operativos con efectivos del Senan y del Senafront, decomisando motobombas, sacando a personas que entraron al país de forma ilegal o que hacen ranchos ilegales, y liberando los ríos de las extracciones de oro ilegal.
Entonces, ¿cuál ha sido el impacto al Corredor Biológico Mesoamericano del Atlántico Panameño? El impacto, dijo, es “con las actividades insostenibles, porque no solamente estamos hablando de minería, sino del avance de la frontera agrícola que produce la pérdida de la biodiversidad por las malas actividades ganaderas y agrícolas”, subrayó.
Ante esta situación, consideró que el acaparamiento de tierras es un problema que tiene que atender la Anati, el Ministerio de Seguridad y Ministerio de Ambiente (ver nota relacionada).
El movimiento de irregulares en Coclé del Norte y San José del General no es nuevo. En abril de 2014, en un encuentro de estamentos de seguridad de Colombia y Panamá, el entonces director del Senafront, Frank Ábrego, reveló que en Coclé del Norte y en Río Balsa –este último en la provincia de Darién–“se han detectado que unas mil 500 personas se dedican a la explotación minera ilegal y su contrabando [trans] fronterizo”.
Ábrego detalló que creía que colombianos, “probablemente narcotraficantes, asesoran o financian esta actividad en Panamá como una forma de lavar o limpiar los activos que ellos obtienen del trasiego de droga, tratando de convertirlo en oro”.
En esa reunión, el comandante de la Región Sexta de la Policía Nacional de Colombia, Nicolás Muñoz, aseguró que la minería ilegal era uno de los problemas a los que se estaba enfrentando su país.
Pasados dos años del encuentro, La Prensa consultó sobre los avances que ha tenido Panamá para contrarrestar estas bandas criminales, pero el nuevo director de Senafront, Cristian Enrique Hayer, aseguró que no tiene información al respecto.
“No es mi jurisdicción. Mi jurisdicción es la provincia de Darién y la comarca Guna Yala y en la frontera occidental, 5 kilómetros del límite fronterizo hacia Panamá”, respondió. En tanto, el director del Senan, Belsio González, confirmó que Coclé del Norte “es un área de incidencia del narcotráfico”, donde se emplean embarcaciones artesanales, lo cual se podría considerar un tema de seguridad nacional, aunque no mantiene registro de minería ilegal en esa zona.
Pero detalló que han logrado el decomiso de más de 130 motobombas y accesorios para la minería ilegal, además de la aprehensión de extranjeros en los sectores de los ríos Caimito, Petaquilla y Calzones entre 2013 y 2016.
Según estadísticas del Senan, se han incautado de unos 3 mil 573 paquetes con sustancias ilícitas desde 2014.
La coordinadora técnica del Proyecto Sistemas de Producción Sostenible y Conservación de la Biodiversidad en el Corredor Biológico del Ministerio de Ambiente, Gloriela Rudas, informó que desde 2014 a la fecha han colaborado en cinco operativos del Senan y han sostenido reuniones con las autoridades para erradicar la actividad de minería informal que, “por su mala praxis, ocasiona el detrimento de recursos naturales”.
“Producto de los operativos, existen procesos administrativos y penales en relación a estas actividades ilegales que se detectan en áreas de Donoso. Algunas motobombas decomisadas se mantienen en custodia”, aseguró la funcionaria, que añadió que en Coclé del Norte y en San José del General se realizan giras, al menos, dos veces al año.
Sobre las invasiones, consideró que la principal amenaza de la cobertura boscosa es el cambio de uso de suelo, como la frontera agrícola, migración de pueblos originarios y el desarrollo de proyectos, por lo que el área del denominado Corredor Biológico no escapa de esta realidad.
BLINDAJE
En marzo de 2009, una resolución ambiental declaró Donoso como “área protegida”, pero el entonces magistrado de la Corte Suprema de Justicia Alejandro Moncada Luna –quien hoy cumple una condena de cinco años en la cárcel El Renacer–, ordenó su suspensión provisional. Casi cuatro años después –en mayo pasado– Donoso recuperó su protección.
¿Qué acciones hay previstas para proteger Coclé del Norte y San José del General para evitar afectaciones ambientales e invasiones? ¿Se podrían redefinir sus límites?, preguntó La Prensa.
“Se desarrollará un plan maestro de desarrollo inclusivo para la Costa Abajo de Colón, que abarcará hasta el área de Coclé del Norte”, con apoyo del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), respondió Rudas.
Adelantó que, debido al reciente fallo de la Corte, han iniciado coordinaciones con Anati para “revisar las titulaciones concedidas y en trámite, y retomar el proceso de desarrollo de un Plan de Manejo para dicha área protegida”, así como para identificar los recursos necesarios para implementarlo.
A su vez, Valdés advirtió que se estaría aprobando un plan de manejo –que estaba en borrador– para estas zonas y que se estarían redefiniendo los límites de Donoso.
Según el censo de población de 2010, Coclé del Norte tiene 3 mil 555 habitantes. Sin embargo, a pesar de los $16 millones que ha entregado en pago de impuestos Minera Panamá, Donoso sigue siendo uno de los distritos más pobres de Colón.
El corredor que no pudo con la invasión
Un cierre técnico y financiero definitivo se dio al proyecto Corredor Biológico Mesoamericano en noviembre de 2014. Las demandas y problemas pesaron más que la protección a la zona boscosa de Colón.
Uno de los sectores más afectados fue Coclé del Norte, en el distrito de Donoso, por “la presentación de demandas ante la Corte Suprema de Justicia, y otras situaciones”, confirmó la coordinadora técnica del Proyecto Sistemas de Producción Sostenible y Conservación de la Biodiversidad en el Corredor Biológico del Ministerio de Ambiente, Gloriela Rudas.
La situación provocó que organismos financieros recomendaran la suspensión de las acciones del proyecto en esa área. Es decir, que de los $18.1 millones que se destinaron para el Corredor Biológico en su segunda etapa, nada llegó a Colón. Y no es el único revés. Un nuevo proyecto que coordina Rudas, por $19.6 millones hasta 2019, tampoco llegará a Coclé del Norte ni a San José del General, donde se registran invasiones de tierras.
Pero, ¿qué es el Corredor Biológico Mesoamericano? Es un proyecto que contaba con enlaces entre las áreas protegidas de Centroamérica con zonas aledañas de amortiguamiento y uso múltiple, ya que permite desarrollos de bajo impacto para mantener los corredores entre ellas, y a la vez, promueve la inversión en la conservación y el uso sostenible de los recursos naturales.
En Panamá, esta zona se extiende desde Bocas del Toro hasta Darién, por donde transitan miles de especies de animales, permitiendo su conectividad con el ecosistema y con los programas de manejo forestal sostenible para conservar la diversidad biológica de importancia global y proteger importantes ecosistemas boscosos, de montaña y marino-costeros en nuestro país. Un recorrido por Coclé del Norte deja al descubierto cómo muchas zonas han sido impactadas por particulares que han deforestado en una zona que se caracteriza por su denso bosque o frente de mar. Se manejó un fondo de $30.5 millones para ejecutar dos fases del Corredor Biológico en Panamá.
