La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) investiga los cuatro contratos directos por 6.5 millones de dólares que otorgó el Ministerio de Seguridad Pública a tres empresas, para la adquisición de municiones, granadas, uniformes, botas y otros implementos que usará el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront).
La directora de la Antai, Angélica Maytín, advirtió que “no queda claro cuáles fueron los parámetros utilizados por el Ministerio de Seguridad Pública [Minseg] para segmentar en cuatro actos dichas adquisiciones”.
Mientras tanto, representantes del Movimiento Independiente y de Transparencia Internacional, capítulo de Panamá, cuestionaron la millonaria compra sin proceso de licitación, y advirtieron que se está incurriendo en prácticas que este gobierno cuestionó de la administración pasada.
El artículo 23 de la Ley 22 de 2006, que regula las contrataciones públicas, prohíbe expresamente dividir la materia de contratación en partes.
CUESTIONAN COMPRAS DIRECTAS DEL MINSEG
Duras críticas recibió ayer el Minseg, luego de que otorgara cuatro contratos directos por $6.5 millones a tres empresas para la compra de indumentaria que usará el Senafront.
Anette Planells, del Movimiento Independiente, expresó, por ejemplo, que en este tema hay algunas aristas importantes. La primera, advirtió, tiene que ver con la contratación directa, figura que, según recordó, se está persiguiendo con la reciente reforma a la ley de contrataciones públicas.
La segunda, argumentó, es por la posible “división de materia” que podría haber en este caso, a raíz de que la compra de los implementos fue otorgada a empresas que podrían estar ligadas a la misma persona.
En este sentido, la Ley 22 del 27 de junio de 2006, que regula la contratación pública, establece en su artículo 23 que: “No se podrá dividir la materia de contratación en partes o grupos, con el fin de que la cuantía no llegue a la precisa para la celebración del acto público que corresponda (...)”.
Por su parte, Olga de Obaldía, de Transparencia Internacional, capítulo de Panamá, manifestó que la sociedad está esperando una ley de contrataciones públicas que cambie las reglas del juego “que nos dejó la pasada administración para cometer una y otra vez actos que van en contra del beneficio del país”.
Entretanto, el expresidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa Rubén Castillo resaltó que durante el periodo pasado siempre se criticaron las constantes contrataciones directas. “Eso corrompe el principio y evita la participación de distintas empresas”, advirtió.
LAS COMPRAS
Los cuatro contratos fueron publicados el pasado 5 de septiembre en el portal de Panamá Compra con unos minutos de diferencia. Allí se detallan las adquisiciones a las empresas Inmunex, Mil Spec International Corp. y Max Gear.
A Mil Spec International Corp. se le dieron dos contratos. Uno es por $1.5 millones para la compra de 10 mil pares de botas de selva de color negro. Y otro es por $1.8 millones para mochilas, chalecos, fundas tácticas, cantimploras, mallas para cascos balísticos, entre otros.
Un tercer contrato por $2.3 millones le fue otorgado a Max Gear, Inc. para uniformes y sombreros.
Mientras que a Inmunex, S.A., se le está comprando municiones y granadas por $749 mil.
LA JUSTIFICACIÓN
En el informe técnico de cada una de las compras hay una “justificación”. En el caso de la adquisición de las botas ($1.5 millones a Mil Spec International Corp.), se asegura que “se fundamenta en la necesidad de dotar a nuestras unidades de botas de selva, de calidad y alta resistencia (...) y así garantizar que nuestro personal no tenga limitaciones al desarrollar los planes de seguridad ciudadana, prevención, ayuda humanitaria y represión a las organizaciones narcoterroristas”.
En cuanto a las mochilas, chalecos, entre otros ($1.8 millones a Mil Spec International Corp.), argumentan que se fundamenta, “básicamente, en obtener equipos de gran movilidad para el soporte de las operaciones de ayuda humanitaria y de contingencia ante desastres naturales”.
Añaden que “no existe un sustituto adecuado”, por lo que esperan que ese informe sea tomado en cuenta “para el procedimiento excepcional de contratación”.
En el caso de la compra de las municiones y granadas ($749 mil a Inmunex, S.A.), alegan que pretenden obtener material “con las especificaciones y estándares de la más alta calidad”, y porque “el costo se ajusta a la viabilidad presupuestaria”.
Mientras que en lo que se refiere a los uniformes ($2.3 millones a Max Gear), explican que se necesita dotar a los batallones “de una prenda de vestir que cumpla con los mejores estándares de calidad a nivel de las exigencias que demandan las características del terreno de nuestras áreas de operaciones”. Y porque “no existe un sustituto [proveedor] adecuado”.
Todos los documentos están firmados por Cristian Hayer, director general del Senafront, y por Alexis Saldaña, de la Dirección de Administración y Finanzas del Minseg.
Este medio contactó ayer, por segundo día consecutivo, al ministro de Seguridad, Alexis Bethancourt, para que explicara por qué se fraccionaron las compras en cuatro contratos, pero al cierre de esta edición no había respondido.
También se llamó a Cristian Hayer, director general de Senafront, pero tampoco respondió.
VIEJOS CONOCIDOS
Las empresas escogidas para estas compras hicieron millonarios negocios con el gobierno pasado.
Una nota periodística de La Prensa del 22 de septiembre de 2014 reportó, por ejemplo, que el Ministerio de la Presidencia compró, en septiembre de 2013, 35 mil bombas lacrimógenas por casi $3 millones a Inmunex. Mientras, en octubre de ese mismo año le adjudicó otro contrato por $2.9 millones para equipos de represión que serían usados por el Servicio de Protección Institucional.
En tanto, otra investigación de este medio, de febrero de 2015, dio cuenta de que Max Gear Inc, Mil Spec International e Inmunex lograron contratos por $60 millones para vender fusiles, granadas, uniformes, entre otros implementos, al Minseg y a la Policía Nacional.
Las compras para la seguridad pública
En la mayoría de los países, los procesos de contrataciones públicas vinculados a los temas de seguridad ciudadana, defensa nacional o inteligencia del Estado se encuentran exentos de las normas comunes que rigen a las contrataciones públicas. En su lugar, tienen normas especiales orientadas a priorizar la naturaleza reservada y especialísima de la transacción.
En Panamá, el literal “a” del parágrafo del artículo 62 de la Ley de Contrataciones Públicas establece que los cuerpos de seguridad ciudadana, protección presidencial o seguridad pública pueden hacer contrataciones directas hasta por 3 millones de dólares con la autorización del ministro de la Presidencia, y si la cantidad supera dicho límite debe ser aprobada por el Consejo de Gabinete.
La cuestión principal que afecta a este tipo de contrataciones es su falta de transparencia y su alto nivel de arbitrariedad, ya que si existe el presupuesto autorizado, la compra se puede hacer directamente al proveedor seleccionado. Quizás la única restricción factible es una de las establecidas en el artículo 23 de la Ley de Contrataciones, que prohíbe el fraccionamiento o división de materia de una contratación pública para evitar requisitos adicionales.
*El autor es abogado
