El Tribunal de Cuentas investiga una posible lesión patrimonial al Estado a partir de la adjudicación de un contrato para la administración y operación de los estacionamientos en el aeropuerto de Tocumen en 2011, durante la gestión de Juan Carlos Pino como gerente general de Tocumen, S.A.
Ya la Contraloría General de la República cifró en $2 millones una posible lesión al Estado. El contrato fue otorgado a una sociedad presuntamente ligada a Gabriel Btesh y al abogado Francisco Pérez Ferreira.
FISCALÍA DE CUENTAS INVESTIGA CONTRATO
La Fiscalía de Cuentas investiga un posible perjuicio al patrimonio del Estado, causado tras la adjudicación de un contrato para la administración y operación de los estacionamientos del aeropuerto de Tocumen durante el gobierno pasado.
El contrato –a 20 años– fue otorgado a través del mecanismo de contratación directa por invitación en julio de 2011, en la gestión de Juan Carlos Pino como gerente general de Tocumen, a la sociedad Republic Parking Tocumen, S.A., después Sky Parking, S.A.
La investigación se inició a partir de una auditoría de la Contraloría General de la República, que calculó en $2 millones la posible lesión patrimonial causada al Estado tras el otorgamiento del contrato. La auditoría fue pedida en 2014 por el entonces gerente general de Tocumen, S.A., Joseph Fidanque III. La Fiscalía de Cuentas no ha señalado a los presuntos responsables del perjuicio económico.
En la esfera penal, el Ministerio Público imputó cargos por la presunta comisión de delitos contra la administración pública al exministro de Economía y Finanzas Frank De Lima y a otras cuatro personas.
Aunque en principio el contrato de operación de los estacionamientos fue gestionado como confidencial, más tarde se supo que detrás de la sociedad Sky Parking, S.A. se vincula a Gabriel Btesh y al abogado Francisco Pérez Ferreira, el primero miembro del llamado círculo cero del expresidente Ricardo Martinelli y el segundo relacionado con el escándalo de la adjudicación gratuita de un relleno de Paitilla.