Teherán “pone en marcha” sus compromisos asumidos en el acuerdo internacional sobre su programa nuclear, declaró ayer domingo en Teherán el director general de la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA), Yukiya Amano.
“A fecha de hoy, puedo afirmar que Irán pone en marcha sus compromisos en materia nuclear asumidos en el marco del PGAC”, declaró Amano en una conferencia de prensa con medios iraníes, según un breve extracto difundido por la televisión pública, en el que aludía al Plan Global de Acción Común, el acuerdo cerrado en julio de 2015 en Viena entre Irán y Alemania, China, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña y Rusia.
Según este acuerdo, la república islámica se compromete a limitar su programa nuclear para probar que no persigue dotarse del arma atómica. A cambio, se reconoció su derecho a enriquecer uranio con fines civiles y obtuvo el levantamiento progresivo de las sanciones económicas que le imponían las potencias occidentales y Naciones Unidas a causa de ese programa.
Pero el presidente estadounidense, Donald Trump, acusando a Irán de haber violado el acuerdo en varias ocasiones, amenazó el 13 de octubre con sacar a su país del pacto “en cualquier momento” y pidió a los parlamentarios estadounidenses que legislen para imponer nuevas sanciones y así impedir que Irán avance en materia de producción de misiles balísticos.
Amano se reunió ayer domingo con el presidente iraní, Hasan Rohani, su ministro de Relaciones Exteriores, Mohamad Javad Zarif, y el jefe de la Organización Iraní de Energía Atómica, Ali Akbar Salehi. Según la página web del Gobierno, Rohani dijo a su visitante que su país espera “cooperar a largo plazo con la AIEA”.
“Queremos seguir con el acuerdo nuclear y evitar que [Estados Unidos] lo perturbe pues, si se rompe el acuerdo nuclear, esto tendrá consecuencias imprevisibles”, declaró Salehi.
Salehi reiteró que Irán tenía capacidad para “retomar [...] en cuatro días” sus actividades de enriquecimiento de uranio al 20%.
“Pero no queremos hacer eso”, agregó, mientras que Irán se comprometió a limitar el enriquecimiento de uranio al 3.5%, una tasa que permite su uso en una central eléctrica nuclear.