Una serie de irregularidades en el funcionamiento interno de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) han quedado al descubierto tras la destitución y renuncia de dos funcionarios de alta jerarquía en la administración de esa institución.
Aunque los procesos que adelanta la oficina del fiscalizador de la ACP solo son del conocimiento de la directiva, Lourdes Castillo, miembro de esta junta, reveló que al exvicepresidente ejecutivo de Planificación y Desarrollo Comercial Rodolfo Sabonge se le sigue una investigación tras su renuncia efectiva desde el 1 de noviembre.
Castillo hizo pública esta información en una entrevista con Telemetro el pasado lunes, sin precisar las razones que originaron el proceso contra Sabonge.
Sus revelaciones sorprendieron a la comunidad de ejecutivos que trabaja en el Canal, en especial porque en los principios de conducta de la ACP se establece que la información que no es pública no debe ponerse a disposición de terceros.
De hecho, tanto el administrador de la ACP, Jorge Luis Quijano, como el fiscalizador general Antonio Domínguez (hijo) se ampararon ayer en la reglamentación de la institución, que especifica que no pueden hablar de los detalles de una investigación en proceso.
“Cuando el fiscalizador hace una investigación o auditoría, él debe redactar un informe que se le presenta a los miembros de junta directiva con copia al administrador. Y yo no he recibido ningún informe de lo que usted me pregunta”, aseguró Quijano, sobre la supuesta investigación.
Cuando Sabonge anunció su renuncia, precisó que se acogía a un plan de retiro voluntario para dedicarse a la actividad privada.
Hace tres años, Eduardo Lugo, especialista en comercio internacional fue destituido por “suministrar a terceros, sin la debida autorización, información que no era pública...”, según documentos a los que tuvo acceso este diario.
Lugo trabajaba para la vicepresidencia de investigación y análisis de mercadeo de la ACP, que dirigía Sabonge, y quien, al parecer, se mostró en desacuerdo con su destitución.
El proceso se sustentó en una denuncia contra Lugo y “otros empleados de la sección de Mercadeo que se dedicaban a hacer consultorías, posiblemente utilizando información altamente especializada”.
También se le señaló como el representante legal de la empresa Maritime & Logistics Consulting Group (M&L Consulting), registrada en la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá y en la cual se mostraba el número telefónico 272-1622, propiedad de la ACP, como facsímil de la compañía.
Este número estaba asignado a la oficina 310 del Edificio de la Administración, donde físicamente estaba su puesto de trabajo.
El informe contra Lugo fue presentado a Sabonge el 20 de febrero de 2009, según un documento oficial.
Un portavoz de la ACP informó que la investigación sigue su curso regular y sin limitaciones de tiempo.