El Gobierno venezolano desestimó la posibilidad de que el presidente Nicolás Maduro sea revocado mediante un referendo, tras decretar un estado de excepción que, según analistas, busca cerrarle el paso a la consulta impulsada por la oposición.
“Aquí Maduro no va a salir por referéndum”, dijo ayer el vicepresidente, Aristóbulo Istúriz.
El líder opositor Henrique Capriles había advertido el sábado sobre un estallido social si el Gobierno impedía el revocatorio contra Maduro este año.
Bajo el estado de excepción, el mandatario ordenó tomar las fábricas improductivas, estrategia que analistas atribuyen a un líder acorralado.
Maduro, cuya gestión reprueban 7 de cada 10 venezolanos según la firma Venebarómetro, dispuso el sábado la intervención de las plantas paradas y encarcelar a los empresarios que, según él, intentan desestabilizar al Gobierno, en la primera medida bajo el estado de excepción que regirá por tres meses y que, dijo, será prorrogado sucesivamente hasta 2017.
“¡Planta parada, planta entregada al pueblo! (...) Ustedes me van a ayudar a recuperar todas las plantas paralizadas por la burguesía”, lanzó Maduro ante miles de partidarios.
Venezuela está sumida en una honda crisis agravada por el desplome del ingreso petrolero, con la inflación más alta del mundo (180.9% en 2015) y una caída del PIB de 5,7% el año pasado.
En el país con las mayores reservas de crudo del mundo y dependiente de las importaciones, la debacle significa la escasez de más de dos tercios de alimentos y medicinas, a lo que se suman los cortes cotidianos de agua y luz, y una violencia galopante.
Cuatro plantas cerveceras de Polar -la mayor productora de alimentos y bebidas del país- están en la mira, luego de que el pasado 30 de abril cesaran operaciones por falta de divisas para importar insumos, dentro del severo control de cambios impuesto en 2003.
Polar cubre 80% del mercado cervecero, y sus marcas prácticamente desaparecieron de los expendios, tras lo cual los precios de la competencia se duplicaron en un par de semanas.
El gobernante socialista acusa al presidente del grupo empresarial, Lorenzo Mendoza, de estar a la cabeza de una “guerra económica” para generar desabastecimiento y provocar su caída.
Pero no solo Polar podría ser intervenida, considerando que los empresarios venezolanos aseguran trabajar al 43.8% de su capacidad instalada por deudas con proveedores internacionales, falta de insumos y un severo control de precios que afecta la estructura de costos.