Una decisión del Segundo Tribunal Superior desestimó un recurso presentado por el exministro de la Presidencia Demetrio Jimmy Papadimitriu, que buscaba cerrar la investigación que se le sigue por los sobornos de Odebrecht, pesquisa en la que se le procesa por la supuesta comisión de delitos contra orden económico y contra la administración pública.
Era la segunda vez que el exfuncionario intentaba anular la pesquisa: primero presentó un recurso ante el Juzgado Decimosegundo Penal, pero no fue admitido. Entonces, recurrió al Segundo Tribunal, que a través de un fallo del pasado 2 de julio, determinó que cuando una acción legal no es admitida, es inapelable.
La ponente del caso fue la magistrada María de Lourdes Estrada que, para sustentar su decisión, citó varias sentencias de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, en las que se detalla que la posibilidad de apelar solo se produce si los recursos son admitidos, pero en caso contrario, no es posible.
La génesis
La investigación que se sigue al exministro Papadimitriu se origina del expediente abierto a partir de una denuncia presentada por el excontralor Alvin Weeden sobre los sobornos que pagó Odebrecht a funcionarios y particulares en Panamá.
Por este caso, Papadimitriu fue indagado y detenido en septiembre de 2017, y en noviembre de ese mismo año, la Corte Suprema de Justicia le sustituyó esa medida cautelar por la de impedimento de salida del país.
Una publicación del diario El País, de febrero de 2017, reveló que Odebrecht transfirió, al menos, $2.1 millones a cuentas de los padres del exministro en la Banca Privada de Andorra.
En julio de ese año, La Prensa había reportado que Luiz Antonio Mameri, otrora jefe de Odebrecht para América Latina, aseguró ante los fiscales brasileños que durante el primer semestre de 2010, el entonces encargado de Odebrecht en Panamá, André Campos Rabello, lo contactó para informarle que había llegado a un acuerdo con Papadimitriu, para que la compañía le hiciera “pagos indebidos” a él a través de su padre. Mameri habría autorizado pagos por $4 millones.