Falta de presupuesto para contratar personal, pagar la papelería y la movilización fueron algunas de las quejas que plantearon el miércoles algunos jueces de paz (en funciones) a los miembros de la Comisión de Estado por la Justicia.
Durante la reunión, que duró cerca de tres horas, los jueces de paz pidieron a la Comisión ayuda económica.
También, contaron que les están remitiendo casos de criminalidad, en los cuales no tienen injerencia.
En ese sentido, la Comisión de Estado decidió programar reuniones con los alcaldes y representantes del Gobierno. Igualmente se planteó la necesidad de modificar la Ley 16 de junio de 2016, que instaura la justicia comunitaria de paz.
Magaly Castillo, de Alianza Ciudadana Pro Justicia y quien forma parte de la Comisión,dijo que se reunirán con el ministro de Seguridad, Alexis Bethancourt, ya que los jueces de paz no deben resolver casos de criminalidad.
“Hay una serie de problemas que tienen que ver con la falta de voluntad política por parte de los alcaldes y de todas las instituciones que tienen que ver con el tema”, contó.
Por su parte, el viceministro de la Presidencia, Salvador Sánchez, indicó que se les informó a los jueces de paz que el decreto reglamentario de la Ley 16 está en la etapa final por parte del Ejecutivo.
Aseguró que los municipios son los primeros responsables de dotar a los jueces de paz de los materiales y recursos que necesiten para sus funciones.