Si hoy usted tiene que resolver algún conflicto con un vecino o residente de su comunidad lo más probable es que lo atienda un juez de paz y no el corregidor. Incluso, el recinto donde debe acudir se llama ahora Casa de Justicia Comunitaria, donde antes operaba la corregiduría.
Esto es así porque hoy entró en vigencia para el Primer Distrito Judicial -Panamá, Colón, Panamá Oeste y Darién, y las comarcas indígenas Guna Yala, Emberá Wounaan, Madungandí y Wargandí- la Ley No. 16 de junio de 2016, que instituye la justicia comunitaria de paz y dicta disposiciones sobre mediación y conciliación.
Con esta normativa ya no existirán más los corregidores, sino los jueces de paz, quienes estarán acompañados por un equipo, entre los que se encuentran mediadores comunitarios.
De hecho, el fin de la normativa es reconstruir las relaciones dentro de la comunidad cuando exista un problema entre residentes o vecinos, más allá de imponer una sanción, como lo hacía la figura del corregidor.
Karen Palacios, subdirectora de la Dirección de Resolución Alterna de Conflictos del Ministerio de Gobierno, expresó que, en teoría, hoy deberían entrar en escena 181 jueces de paz que corresponden a los corregimientos de las provincias de Colón, Panamá, Darién y Panamá Oeste. Mientras, el 18 de junio de 2018, deberían nombrarse a otros 485 que corresponden a las demás provincias, ya que en total son 666 corregimientos.
No obstante, la funcionaria detalló que hasta el momento de la entrevista solo habían sido nombrados 23 jueces de paz para los 23 corregimientos del Municipio de Panamá.
“Nosotros estamos dando seguimiento a los procesos que se dieron en los distintos municipios para nombrar a los jueces de paz y puedo decir que en la mayoría de estos sabemos que comenzaron con el proceso de selección. Desde noviembre, varios municipios se unieron a esta convocatoria pública en Colón, San Miguelito, La Chorrera y Arraiján. Esperamos que en el menor tiempo posible cumplan, ya que es un mandato de la ley”, sostuvo la funcionaria.
Uno de los aspectos que resaltó Palacios para que este proceso funcione es la convocatoria de los municipios.
Además, calificó como “determinante” la “participación ciudadana” en la escogencia de los jueces.
En ese sentido, uno de los requisitos para que una persona sea juez de paz es que debe ser postulado por su propia comunidad a través de una organización comunitaria o recolección de firmas. Luego debe ser evaluado por una Comisión Distrital en la que se encuentran representados las juntas comunales, consejos municipales, Defensoría del Pueblo y la sociedad civil.
El juez de paz tampoco puede tener parentesco con el gobernador de su provincia, alcalde de su distrito o representante de su corregimiento. “La idea es que tenga la mayor independencia y brinde una justicia más equitativa. De hecho, uno de los principios de la justicia de paz es la equidad”, acotó.
La funcionaria del Ministerio de Gobierno detalló que la implementación de los jueces de paz en el Primer Distrito Judicial durante el primer año costará entre $6.5 millones y $10 millones, según cálculos de la mesa técnica del Pacto de Estado por la Justicia y la Secretaría de Descentralización.
Añadió que, a diferencia de los corregidores, el juez de paz solo puede ordenar el arresto en caso de violencia doméstica o cuando está en riesgo la vida de la persona, a través de un agente policial.
La Ley No. 16 de junio de 2017 menciona que los jueces de paz para áreas urbanas deben ser abogados, mientras que para las rurales deben tener, por lo menos, bachillerato.
En cuanto a los salarios, le corresponderá a cada municipio definir el monto.
Sobre este tema, el procurador de la Administración, Rigoberto González, quien participó en el debate de este tema, subrayó que si no hay jueces de paz se estaría incumpliendo con la norma. “Ya se cumplió la fase de capacitación y quienes cumplieron con eso debían ser convocados por los municipios para el proceso de selección”, puntualizó.
Argumentó que si no están los jueces de paz en el Primer Distrito Judicial, es como si una persona acudiera a un cuarto de urgencias y no hubiera médicos.
Por otra parte, dijo que sí hay personas capaces para ser jueces de paz, pero la pregunta que queda hacerse es si existe la disponibilidad para el nombramiento. “Este es un tema que corresponde a los municipios”, añadió.
En tanto, Carlos Lee, de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, hizo referencia a la importancia de la aplicación de este sistema de justicia para “reconstruir” las relaciones entre la comunidad.
“La justicia no se debe limitar solo a castigar a la persona, sino también a resolver los conflictos, y la figura del corregidor no estaba cumpliendo ese rol”, aportó.
(Con información de Olmedo Rodríguez).