En mayo de 2002, cuando apenas habían pasado siete meses de los atentados terroristas de Nueva York y Washington, expertos navales chilenos y estadounidenses, liderados por el Comando Sur de Estados Unidos (EU), concluyeron un plan para formar una coalición multinacional que pudiera articularse para la “defensa y protección” del Canal de Panamá contra cualquier ataque, al cual se le llamó Operación Combinada Panamax.
El director de ejercicios navales del Comando Sur, Paul Bahrs, decía entonces que “el concepto de la operación es promover la interoperabilidad entre las naciones con intereses críticos en el Canal de Panamá”.
“Las unidades de la coalición trabajarán juntas para identificar, monitorear e interceptar naves sospechosas de ser una amenaza para el Canal”, añadía.
El jefe del departamento de operaciones del Comando Sur, Basil J. Read, sostenía, por su parte, que “es la primera vez que naciones de este hemisferio se han unido para garantizar la seguridad de un bien crítico en la región”.
Dos años después de la reversión completa de la vía acuática a manos panameñas y de la salida de todas las fuerzas militares estadounidenses del suelo patrio, para algunos sonaba extraña la idea de estos ejercicios.
Uno de los postulados que siempre se sostuvo en el marco del tratado concerniente a la neutralidad permanente del Canal, pacto vigente entre Estados Unidos, Panamá y todas las naciones que quisiesen adherirlo, era que el Canal era “indefendible”, desde el punto de vista militar, y que por ello, su mejor protección era permanecer abierto a todas las naves de cualquier país, tanto en tiempos de paz como de guerra.
Pero, al parecer, las ecuaciones de seguridad cambiaron después del 11 de septiembre. Algunos expertos señalaban las instalaciones del Canal como uno de los puntos vulnerables para el terrorismo internacional.
En julio de 2003, más de mil 100 marinos integrados en una fuerza multinacional formada por Estados Unidos, Chile y Panamá participaron en la primera operación Panamax, que se inició en el puerto de Manta, Ecuador, y tuvo lugar en aguas internacionales del Pacífico suramericano.
EU participó en las maniobras con el destructor Stone, y una corbeta. Chile lo hizo con la fragata Zenteno y la patrullera Ortiz, mientras que Panamá utilizó al buque A 401 Independencia y las patrulleras P301 Panquiaco y P302 Ligia Elena.
Para el año siguiente, ya eran ocho países los que participaban en el ejercicio: Argentina, Ecuador, Colombia, Honduras, República Dominicana, además de EU, Chile y, por supuesto, el Servicio Marítimo Nacional (SMN) de Panamá.
Aunque los marinos panameños tuvieron un buen desempeño, se vieron afectados por la falta de equipo tecnológico moderno.
La marina estadounidense se lo tuvo que prestar. El entonces director del Servicio Marítimo Nacional, José Isaza Ross, dijo que Panamá tendría que invertir más de un millón de dólares para dotar de la tecnología mínima a sus embarcaciones.
El 14 de agosto de 2005, durante la tercera edición de la operación Panamax, tres marinos panameños se ahogaron en un simulacro de recuperación de una isla ocupada por ficticios terroristas.
La tragedia generó duros cuestionamientos sobre la pertinencia de esos ejercicios y la seguridad de ellos.
Ese año, cuando 11 países participaban de la operación, el nuevo director del SMN, Ricardo Traad, informó que esta entraba en un “receso de evaluación”.
En 2006, los ejercicios volvieron. Traad aseguró que se tomarían “nuevas y más estrictas medidas” para garantizar que no se repitiera la tragedia. 15 países participarían en esta oportunidad, durante 10 días a mediados de agosto de ese año.
La operación Panamax 2007, en septiembre de ese año, ocupó a más de 7 mil efectivos de 19 países, a bordo de 30 buques, incluyendo un portaaviones, y 10 aeronaves, a un costo de 18 millones de dólares.
Lo llamativo es que esta vez, las condiciones climáticas (las secuelas del huracán Félix, que azotó Centroamérica por aquellas fechas) presentaron un peligro real para los participantes, que debieron actuar en consecuencia.
En agosto de 2008, los ejercicios se enfocaron en detener a un ficticio grupo terrorista denominado Brigada Movimiento de Liberación, que pretendía atacar y destruir (de manera ficticia también, se entiende) el Canal a como diera lugar. 20 países participaron en la maniobra.
Ya para 2009 eran 22 países los que participaban en el adiestramiento, que tuvo lugar en septiembre. Y por primera vez se incluyeron operaciones por tierra, mar y aire. Sin embargo, las de tierra fueron principalmente “virtuales”, es decir, en tableros y mesas de estrategia.
En medio de los ejercicios, el Servicio de Guardacostas de Estados Unidos capturó una embarcación panameña con más de tres toneladas de cocaína, cerca de las costas de Colombia.
Cuatro mil efectivos y 22 países, como el año anterior, participarían de las maniobras de 2010 y se intensificarían los ejercicios de estrategia.
Para el año siguiente, (2011), un nuevo miembro sorprendió a todos: México, que rompía así su tradición soberanista. Aunque ya había estado en ediciones anteriores como “observador”, esta vez se implicó en los ejercicios con una patrullera oceánica de la clase Oaxaca, un helicóptero y una tripulación de 105 efectivos.
En 2012 los participantes se redujeron a 16. Esta vez se haría en Estados Unidos de manera “completamente virtual”.
Para 2013, miembros de las fuerzas armadas de 19 naciones del continente llegaron a la sede del Comando Sur de Estados Unidos, en Florida, para participar de los ejercicios de ese año.
En 2014, el Servicio Aeronaval de Panamá anunció que el entrenamiento tendrá lugar en el país, participarán 24 países y cubrirán actividades en junio, julio y agosto.
En 2004 se reportó desde Estados Unidos que el Canal de Panamá podría ser uno de los puntos estratégicos que las redes terroristas, de tipo islámico, tendrían en la mira. “En Afganistán se encontró una carpeta sobre el Canal [de Panamá] en una casa de terroristas. La amenaza al Canal es un tema genuino”, decía entonces el capitán Kevin Hutcheson, militar estadounidense, al diario Florida Times Union.
Esa amenaza terrorista, de acuerdo con el militar, es lo que motiva los ejercicios militares “Panamax”, versión que en su momento fue más o menos respaldada por las autoridades panameñas. El año pasado, el Gobierno panameño aprobó la Ley 62 del 17 de septiembre de 2013, mediante la cual se adicionan algunas disposiciones al Código Penal relacionadas directamente con circunstancias comunes y agravantes respecto al delito de terrorismo.
