El Juzgado Quinto Penal cambió ayer las medidas de detención preventiva al exministro de Seguridad Pública José Raúl Mulino y al exdirector del Consejo de Seguridad Nacional Alejandro Garuz, como parte del proceso seguido por la compra en 2010 de los radares a la empresa Selex.
El juez Enrique Paniza favoreció a Mulino con una medida de impedimento de salida del país, la obligación de notificarse cada 30 días y mantener su actual residencia. Mientras tanto, Garuz tendrá detención domiciliaria.
Según la resolución dictada, la decisión del juez –en el caso de Mulino y de Garuz– se basó en que dentro del sumario no se acreditó“que el imputado sea una persona peligrosa o que pueda alterar o desaparecer las pruebas o que exista posibilidad de fuga”.
El juez Paniza también hizo referencia a los informes médico legales del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, que señalan que los dos sindicados tienen dolencias que requieren cuidados especiales y evaluaciones médicas periódicas.
La familia de Garuz manifestó su satisfacción por la medida de reclusión domiciliaria, debido al estado de salud del exfuncionario.
Mulino está detenido desde el 25 de octubre de 2015 en la sede de la Policía y Garuz desde enero de ese año.