El Juzgado Cuarto Municipal sobreseyó de forma definitiva a cinco empleados de la empresa Transcaribe Trading S.A. (TCT), acusados por el delito contra la libertad de prensa, por el bloqueo realizado los día 2 y 3 de agosto de 2012 contra las instalaciones de Corporación La Prensa (Corprensa).
En su decisión el juez Leslie Alberto Loaiza sostiene que los empleados de TCT Juventino Frías, Bacilio Ríos, Ariel Antonio Garay, Félix Armando Aguilar y Ceferino Antonio Espino no actuaron de forma dolosa la noche del 2 de agosto de 2012 cuando estacionaron una fila de camiones frente a las inmediaciones de Corprensa.
El fallo, fechado 26 de noviembre pasado, destaca que los empleados de TCT “no irrumpieron en las instalaciones internas del diario La Prensa, y que si a la postre se dio un cierre de la vía, se debió a los cordones de seguridad que aplicaron las unidades de la policía y otros actores distintos a los ´protestantes´ de TCT”.
Además, sostiene que “todo ello generó un caos en la vía, que de manera evidente repercutió que la avenida 12 de Octubre a la postre quedara cerrada y que esto no estaba en las intenciones de los obreros de TCT, ya que al inicio se observan las vistas e imágenes que los camiones estaban a lo largo de la avenida en uno de sus paños y no en un bloqueo total”.
También concluye Loaiza que la acción de los manifestantes no se adecua al delito contenido en el artículo 171 del Código Penal, que regula los delitos contra la libertad de prensa, debido a que la protesta se realizó en el exterior del diario La Prensa, es decir en la vía pública y no en su interior.
Consideró que los conductores de TCT “jamás irrumpen a lo interno de La Prensa ni ejercen violencia contra los empleados o equipos del diario”.
Conductores de camiones de la constructora TCT bloquearon las instalaciones de Corprensa, luego de que este diario publicara información relacionada con la participación de esa empresa en proyectos con el Estado por más de $400 millones y sobre los procesos de titulación de tierras en Barú, provincia de Chiriquí.
El 1 de mayo pasado el Juzgado Segundo Municipal había decretado la nulidad parcial del proceso, que implicaba que el caso debía regresar hasta la fase en que se notificase a Corprensa de la no admisión de una serie de pruebas, entre estas la negativa a indagar al dueño de TCT, David Ochy.
Ese dictamen fue apelado por la personera Cuarta Municipal Maribel Concepción, quien instruyó el proceso, y su apelación fue acogida por el Juzgado Cuarto Penal (en calidad de Tribunal de Consultas y Apelaciones) y dejó sin efecto la decisión inicial.
Ese fallo se firmó cuatro días antes de que el presidente Ricardo Martinelli escribiera en su cuenta de Twitter sobre supuestas amenazas de los abogados de La Prensa a los jueces de este proceso.
En esa ocasión Martinelli escribió a las 8:46 a. m. del 21 de octubre pasado que “La firma del abogado magistrado cuyo cliente es La Prensa anda amenazando jueces en el caso Ochy. ¿Y la institucionalidad donde está?”.