El Juzgado Decimosexto Penal aprobó pruebas y declinó otras solicitadas por la Fiscalía Superior contra la Delincuencia Organizada, querellantes, víctimas y la defensa legal dentro del proceso seguido a los exjefes del Consejo de Seguridad Nacional (CSN) Alejandro Garuz y Gustavo Pérez por la presunta comisión de los delitos de inviolabilidad del secreto y derecho a la intimidad.
El juez decimosexto, Enrique Pérez, en su fallo del 20 de abril pasado, admitió a la fiscalía las pruebas testimoniales que rindieron los funcionarios del CSN: Jubilo Graell, Javier Quiroz, Jesús González, Jaime Agrazal e Iris Del Carmen González Cerrud. Todos estos funcionarios corroboran en el expediente cómo se ejecutaban los pinchazos.
La fiscalía también había pedido los testimonios de 32 de las 150 víctimas de los pinchazos que fueron recopilados en el expediente, pero la solicitud fue negada al considerar el juez que esto podría revictimizar a las personas afectadas.
El juez también admitió a la fiscalía las pruebas documentales en el expediente principal y en el cuadernillo anexado en el que se encuentran los totales de las inspecciones oculares que arrojan los resultados sobre la violación al derecho a la intimidad de las víctimas de las escuchas.
A Rosendo Rivera, querellante en el proceso y que se representa a él mismo, el juez le admitió que se tome declaraciones a 13 funcionarios del CSN para que den su testimonio. Rivera plantea que entre los años 2012 y 2014 se instalaron en una oficina, en la planta baja del edificio 150 en Quarry Heights, los equipos tecnológicos para las escuchas.
El juzgado le negó a Rivera una petición para tomarle testimonio a Carlos Antonio Orillac, ex director administrativo de la Presidencia, y Julio Moltó, exsecretario del CSN en el gobierno de Martinelli, al aducir que “esta materia fue tratada como parte del hecho punible en la fase intermedia, por lo cual resulta repetitiva y por lo tanto debe negarse”.
Rivera pretendía que se indagara a Orillac y a Moltó sobre un pedido que hicieron para instalar un cableado especial en el edificio 150, y que ampliaba la banda ancha de internet.
También, el juez argumentó que para evitar la revictimización le negó a Rivera la presentación del testimonio de 36 víctimas.
A la defensa de Garuz, el juez le admitió obtener testimonios de cuatro funcionarios del CSN, pero le negó un pedido para que se le tomara declaración a Kenia Porcell -actual procuradora de la Nación- como exfuncionaria del CSN.
En cuanto a Gustavo Pérez, el juez le negó la mayoría de las pruebas pedidas, 13 en en total, y solo le aceptó 4 referentes a pruebas sicológicas. Debido al pedido de estas pruebas, la audiencia preliminar de este caso fue suspendida el pasado 11 de abril y se espera que el juzgado fije la nueva fecha.