El juez guatemalteco Miguel Ángel Gálvez inició ayer una audiencia que determinará si el expresidente Otto Pérez Molina (2012-2015) debe enfrentar juicio por su vinculación con un fraude en las aduanas, un escándalo de corrupción que le costó el puesto.
El juez debe decidir si ordena también el enjuiciamiento de la exvicepresidenta Roxana Baldetti y una treintena de personas, entre funcionarios y empresarios.
Durante la audiencia, que se podría prolongar varios días debido a la cantidad de procesados, la fiscalía recordó la acusación contra Pérez Molina y Baldetti, quienes son señalados por dirigir una red que cobraba sobornos a empresarios para evadir impuestos de importación a través de la modificación de las declaraciones.
“Mediante ese mecanismo de operación se beneficiaron de instituciones como la Superintendencia de Administración Tributaria”, ente recaudador de impuestos, dijo durante la audiencia Juan Francisco Sandoval, titular de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI).
La investigación de la estructura, denominada “La Línea”, fue revelada el 16 de abril de 2015 y meses después, Pérez y Baldetti renunciaron en medio de protestas callejeras de indignación.
Previo a la audiencia, el expresidente Pérez Molina, que fue operado recientemente de problemas oculares, solicitó cumplir la orden de prisión preventiva en su residencia, argumentando padecimientos de salud.
La defensa del general retirado de 66 años ha intentado en varias ocasiones apartar al juez Gálvez de este proceso y de otros casos de corrupción a los que está vinculado, como la entrega mediante sobornos de un contrato portuario en el Pacífico y la conformación de una red para blanquear fondos de campaña y obras públicas.
Las pesquisas contra los altos exfuncionarios han sido apoyadas por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), un ente adscrito a Naciones Unidas que apoya la depuración judicial en este país centroamericano.
En la cita judicial, la exvicepresidenta Roxana Baldetti tuvo una fuerte discusión con una guardia de seguridad que la obligó a ponerse esposas a su entrada al Palacio de Tribunales de la capital guatemalteca, según informes del diario Prensa Libre.
Pérez Molina fue detenido luego de perder su inmunidad judicial y renunciar a su cargo de presidente en septiembre de 2015. Su entonces vicepresidenta había renunciado en mayo de ese mismo año por estos delitos que la justicia guatemalteca juzga con apoyo de la Cicig.
Pérez Molina está en prisión preventiva por los cargos de cohecho pasivo, defraudación aduanera y asociación ilícita, y por liderar el fraude aduanero.