El Juzgado Decimocuarto Penal negó un recurso al exrector de la Universidad de Panamá (UP) Gustavo García de Paredes, que pretendía anular la indagatoria ordenada por la Fiscalía Anticorrupción en la investigación relacionada con una presunta afectación al patrimonio de esa casa de estudio por el alquiler de tierras.
Carlos Carrillo, defensor del exrector, alegó que la indagatoria era ilegal, porque su cliente no había incurrido en una conducta ilícita.
Sin embargo, la jueza decimocuarta penal, Vilma Urieta, concluyó que en este caso hay pruebas que dan lugar a la medida aplicada por la fiscalía y evidencia de un posible acto punible.
La fiscalía acreditó que García de Paredes arrendó tres globos de tierra propiedad de esa casa de estudios, uno de ellos a la sociedad Consorcio Pacífico Atlántico. Esto, según la fiscalía, a pesar de las desventajas que acarreaba y los beneficios que dejaría de percibir ese centro de estudios.
Además, la fiscalía apunta a que el manejo de los contratos por parte del rector habría afectado el desarrollo universitario, ya que, según la investigación, se reembolsó a la empresa el 50% de la inversión, financiando casi el proyecto privado.
El reembolso, según el contrato, se haría “mediante la reducción de hasta el 50% del canon de arrendamiento”, que en los primeros 20 años suma un total de $9.2 millones. Es decir, que la UP deberá devolverle $4.6 millones al consorcio.
García de Paredes alegó en su indagatoria que el arrendamiento se hizo porque esas tierras, en Tocumen, no tenían ningún uso, eran susceptibles de ser invadidas y que no existía ningún otro proyecto a la vista que beneficiaría a la UP. Además, dijo que la intención era producir ingresos para la UP con las mejoras que se le realizarían al terreno, que serían usadas por la entidad una vez terminado el contrato.