El juez de garantías Agustín Ortiz validó ayer la imputación de cargos a Ovidio Fuentes, exjefe de la Dirección Institucional de Asuntos de Seguridad Pública (Diasp) del Ministerio de Seguridad, por la presunta comisión de los delitos de tráfico de armas y explosivos como cómplice primario, y falsedad ideológica en calidad de autor.
Los cargos fueron presentados por la fiscal contra la delincuencia organizada Paula Garcés.
La fiscalía investiga la posible existencia de una red criminal integrada por 10 personas, en su mayoría funcionarios de la Diasp, que registraba y otorgaba permisos para portar armas presuntamente fraudulentos, a través de un trato VIP.
La investigación se centra en 66 armas de fuego –entre pistolas, revólveres y fusiles de asalto–, que supuestamente fueron vendidas a comerciantes locales en clara violación a la disposición legal que prohíbe la importación de armas al país.
La fiscal reveló que hay testimonios de funcionarios de la Diasp que señalan que Fuentes guardaba en su despacho armas de personas nacionales y extranjeras, y que allí mismo las registraba en un libro, para lo cual utilizaba los servicios de un especialista o armero.
La fiscalía argumenta que Fuentes permitió y ayudó para que el ilícito se concretara con apariencia de legalidad.
En una segunda audiencia de medidas cautelares, el juez Ortiz aplicó a Fuentes la medida cautelar de notificación los miércoles de cada semana.
El fiscal David Mendoza y el abogado defensor apelaron la decisión del juez, por lo que se fijó una nueva audiencia ante el Tribunal de Apelaciones para el 26 de este mes.
El fiscal solicita la detención provisional y la defensa pide que la medida cautelar sea un reporte al mes.