Un juez del Tribunal Supremo español dirigió a partir de ayer directamente las diligencias contra los dirigentes catalanes acusados de “rebelión”, entre ellos, el expresidente regional Carles Puigdemont.
El juez Pablo Llarena acordó“ampliar la investigación y declarar su competencia para conocer de la responsabilidad penal del expresidente de la Generalitat de Catalunya Carles Puigdemont, los 13 exconsellers (consejeros regionales)”, explicó el comunicado oficial.
Igualmente, el magistrado de la máxima instancia penal española se encargará de los casos que involucran respectivamente al presidente de la asociación Assemblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sánchez, y de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, encarcelados de forma preventiva.
Puigdemont y el resto de acusados están siendo investigados por cargos como rebelión o sedición, que pueden desembocar en penas de hasta 30 años de cárcel.
El Gobierno catalán en pleno fue destituido por el presidente del gobierno central, Mariano Rajoy, tras recibir la autorización excepcional del Senado para intervenir la autonomía de la región el pasado 27 de octubre.
La decisión de juntar todos los casos se debe a “la conexión material inescindible de la naturaleza de los hechos que se están investigando”. Puigdemont y cuatro de sus consejeros decidieron instalarse en Bélgica, cuya justicia debe pronunciarse sobre una orden de detención internacional solicitada por España.
Una parte de las diligencias judiciales estaba en manos de la Audiencia Nacional, que podrá seguir investigando al exmayor de los Mossos d'Esquadra (la policía regional catalana), Josep Lluis Trapero, entre otros. Llarena, un juez familiarizado con Cataluña puesto que residió varios años en esa región, asume “la parte de la causa relativa al Govern cesado y a los responsables de ANC y Omnium, que queda incorporada a la que ya se sigue contra la presidenta del Parlament (catalán), Carme Forcadell, y otros 5 miembros de la Mesa”. “La unificación del procedimiento tiene una finalidad funcional, concretada en la facilitación de la tramitación del caso”, justificó el auto del Tribunal Supremo. A partir del auto del juez Llarena, quedan bajo la investigación del Supremo un total de 22 personas en relación con los sucesos en Cataluña.