El Juzgado Decimosexto Penal negó un recurso con el que se pretendía anular la declaración del testigo protegido en el caso de los pinchazos telefónicos.
El juez Decimosexto Penal, Enrique Pérez, rechazó un recurso presentado por la defensa legal del exagente del Consejo de Seguridad Nacional (CSN), William Pittí (actualmente prófugo), para que se declarara nula la declaración jurada que rindió el testigo protegido en la investigación sobre los pinchazos ejecutados en el gobierno anterior.
Sofanor Espinosa, abogado de Pittí, alegó que el Ministerio Público no siguió los procedimientos legales en la obtención de la declaración del testigo protegido.
El juez argumentó en su negación del recurso que “estas materias fueron objeto de debate en audiencia preliminar, por lo que llama la atención del despacho que el letrado reitere la presente incidencia”.
Agregó en su fallo que “vemos que existe una postura contradictoria del incidentista, pues por un lado reclama la aplicación del debido proceso sobre materias que son obviamente extemporáneas e improcedentes”.
Agregó el juez Pérez en su fallo del 11 de abril de 2016, que la defensa del exagente del CSN echa mano de “los principios del Código Procesal Acusatorio, empero incurre en soslayar uno de los principios fundamentales del mismo, contemplado en el artículo 18 de la Ley 63 de 2008, es decir, el principio de lealtad y buena fe”.
El testigo protegido habría revelado ante el Ministerio Público que desde el CSN se hicieron pinchazos a más de 150 personas y señaló como los responsables de estas escuchas a los ex secretarios ejecutivos del CSN Gustavo Pérez y Alejandro Garuz. También dijo que William Pittí y Ronny Rodríguez eran los agentes que se reunían con el entonces presidente Ricardo Martinelli para dar informes de las actividades.
Rodríguez también se encuentra prófugo en este proceso. Martinelli es procesado por este caso por la Corte Suprema de Justicia por su condición de diputado del Parlamento Centroamericano.
El juicio por este caso se ha suspendido en dos ocasiones. El 7 de marzo porque no se había notificado a todas las partes del proceso y el 11 de abril debido a que los querellantes solicitaron al juez que se practicaran nuevas pruebas. El juez Pérez debe anunciar la nueva fecha para la audiencia de fondo.