La jueza de cumplimiento Elizabeth Berroa negó anoche una solicitud de libertad vigilada presentada por el exdirector del Programa de Ayuda Nacional (PAN), Rafael Guardia Jaén, como parte del proceso que se le siguió por peculado y blanqueo de capitales en perjuicio de esa entidad.
Berroa concluyó que el exfuncionario no cumple con uno de los requisitos para optar a la libertad vigilada: la resocialización.
En cambio, le reconoció que cumplió con otros dos requisitos: certificó su residencia y presentó una promesa de trabajo (en un bufete de abogados, con salario de $700 al mes).
Como parte de este proceso, Guardia Jaén firmó en 2017 un acuerdo de colaboración eficaz y de pena a cinco años de prisión.
En audiencia el 15 de octubre pasado, la jueza reconoció que Guardia Jaén ya cumplió parte de esa pena, pero advirtió que el resto debía honrarlo en prisión.
Para evitar volver a la cárcel, el exdirector del PAN solicitó la libertad vigilada, por lo que la decisión de anoche supondría un revés en su contra. Sin embargo, su abogada, Mónica Peralta, anunció apelación.