La Fiscalía Especial Anticorrupción sí tiene competencia para investigar los pagos de sobornos de Odebrecht, a pesar de que estos hechos sucedieron fuera de Panamá, en Suiza.
Así lo concluyó el Juzgado Especial Adjunto al Juzgado Decimoséptimo Penal, al negar un incidente de nulidad del proceso presentado por la defensa de Ricardo Alberto Martinelli Linares –hijo del expresidente Ricardo Martinelli Berrocal–, que alegaba que la fiscalía no tenía competencia en la investigación, porque los hechos ocurrieron fuera de la jurisdicción de Panamá.
En un fallo del 4 de este mes, la jueza Baloisa Marquínez sostuvo que, aunque los hechos investigados fueron cometidos en Suiza, “existen aproximadamente 10 transacciones bancarias realizadas a través de las cuentas de Constructora Internacional del Sur, S.A., y Select Engineering Consulting Inc., en Credicorp Bank, banco ubicado en el territorio nacional, a las cuentas de Kadair Investments y Aragon Finance Corp., en instituciones bancarias ubicadas en el extranjero y cuyos beneficiarios finales eran Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares”. Ambos hermanos están imputados en este caso junto a otras 17 personas.
Según la jueza, el hecho de que el citado banco esté radicado en Panamá, desestima el alegato de la defensa.
“... Los prenombrados Martinelli Linares recibieron considerables sumas de dinero procedente de sociedades inscritas en el Registro Público de Panamá, las cuales guardan estrecha relación con Odebrecht”, acotó.
La defensa también alegó que el artículo 19 del Código Penal permite solo la aplicación de la ley penal panameña a los hechos cometidos en el exterior en casos de delitos contra la economía nacional, mas no así por delitos contra el orden económico (blanqueo de capitales).
Al respecto, Marquínez recordó que el nombre del título de los delitos “contra la economía nacional” fue modificado mediante la Ley No. 14 de 2007 por el de delitos “contra el orden económico”, dentro del cual se mantiene igualmente el delito de blanqueo de capitales y bajo el mismo bien jurídico tutelado; es decir, la economía del Estado”.
La jueza Marquínez también rechazó un incidente de controversia promovido por la defensa de Ricardo Alberto Martinelli Linares, que buscaba dejar sin efecto la investigación con el argumento de que la fiscalía se excedió en el término de cuatro meses para culminar la investigación y que no había pedido prórroga.
La jueza confirmó que la fiscalía sí pidió una prórroga que está por resolver; además, sostuvo que “estamos ante la presencia de un caso en el que hay varios imputados, por lo tanto la norma permite la extensión de la investigación por dos meses”.
La fiscalía tuvo conocimiento de esta causa el 22 de diciembre de 2016.