Fue en 2006 cuando el australiano Julian Assange creó WikiLeaks, una web que revela, gracias a fuentes anónimas, documentos e imágenes confidenciales con el ánimo supuesto de denunciar casos de corrupción.
Ese año, WikiLeaks empezó a hacer ruido al dar a conocer fotos de soldados estadounidenses que provocaron la muerte de 18 civiles en Irak, al disparar desde un helicóptero.
Cuatro años después la publicación puso la cereza en el pastel al revelar material clasificado del Ejército de Estados Unidos sobre las guerras de Afganistán e Irak.
Desde ese momento, Assange fue puesto bajo la mira de las autoridades estadounidenses, mientras que en Suecia pesaban sobre él acusaciones de violación y agresión sexual.
Christophe Deloire
Reporteros Sin Fronteras.
Asediado por las autoridades suecas y estadounidenses, Assange, de 47 años de edad, se movió hacia el Reino Unido, donde en 2012 logró colarse en la embajada de Ecuador en Londres solicitando asilo político, que le fue concedido por el gobierno del entonces presidente Rafael Correa.
Tuvieron que pasar cerca de siete años para que las nuevas autoridades ecuatorianas, lideradas por Lenín Moreno, cedieran a las presiones, y el jueves retiraran el asilo otorgado al creador de WikiLeaks.
Ese día, las autoridades británicas entraron a la embajada y a rastras sacaron a Assange, confinándolo a la prisión de alta seguridad de Belmarsh, en el sureste de Londres.
Con inmediatez, Estados Unidos lo acusó de asociación delictiva para acceder a una computadora del Pentágono, allanando el camino para solicitar su extradición.
Ayer, más de 70 parlamentarios británicos firmaron una carta en la que piden al Gobierno hacer “todo lo posible” para permitir la extradición de Assange a Suecia, si las autoridades suecas la solicitan, por los casos de violación.
El relator especial de la ONU sobre la tortura, Nils Melzer, dijo que teme que Assange no tenga un juicio justo en Estados Unidos.
Libertad de expresión
El arresto de Assange mantiene tintes que dibujan el alcance de la libertad de expresión.
Los procedimientos penales que tengan por objeto castigar a un particular por comunicar indicios de violaciones de derechos humanos no están justificados jamás, sostuvo Amnistía Internacional.
“Lo mismo cabe decir en el caso de la información sobre una amplia variedad de otras cuestiones de interés público”, agregó.
Reporteros Sin Fronteras indicó, por su parte, que “el Reino Unido debe rechazar las demandas de extradición de Assange a Estados Unidos, que persigue sancionar sus actividades vinculadas con el periodismo”.
Su secretario general, Christophe Deloire, afirmó que perseguir al responsable de WikiLeaks es “una medida estrictamente punitiva que crearía un peligroso precedente para los periodistas, los emisores de alertas y otras fuentes periodísticas”.
(Con información de BBC Mundo, Reuters, AFP, Excelsior).
