Aníbal Fernández, uno de los hombres fuertes del gobierno de la expresidenta Cristina Fernández, fue procesado ayer por presunto fraude a la administración pública a raíz del supuesto pago de sobreprecios en un plan para la distribución de cunas y otros elementos para bebés de familias de bajos recursos.
El juez federal Claudio Bonadío también procesó al exministro de Salud y actual gobernador de la provincia norteña de Tucumán, Juan Luis Manzur, al sucesor de este en la cartera de sanidad Daniel Gollán y a otras 20 personas, indicó el fallo.
Asimismo, acusó a los imputados de supuesto abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público y trabó embargos sobre sus bienes por 440 millones de pesos (unos 29.3 millones de dólares).
El magistrado sospecha que el año pasado se adjudicó discrecionalmente entre varias empresas el “Plan Qunita”, que contemplaba la distribución de unos 150 mil equipos formados por cunas, ropa y medicamentos para recién nacidos de familias humildes y que además se pagaron sobreprecios en las compras que hizo el Estado.
Las licitaciones comenzaron cuando Manzur era ministro de Salud y terminaron en la gestión de Gollán. Los trámites llevaron el aval de Fernández, quien en su cargo de jefe de gabinete actuaba frecuentemente como portavoz de la exmandataria.
El exjefe de gabinete se defendió de las acusaciones. “No hay razón de ser”, expresó a Radio Del Plata. Asimismo, manifestó su voluntad de aclarar lo que proceda ante la justicia.
La legisladora y exministra de Salud María Graciela Ocaña presentó la denuncia que dio origen a la investigación judicial. Tras conocerse la medida, Ocaña señaló al canal Todo Noticias que la licitación “se hizo en tiempo récord” y que el estatal Instituto Nacional de Tecnología Industrial comprobó que las cunas que se suministraron no eran del todo seguras, ya que “ni siquiera tenían patas”.