El Juzgado Decimoquinto Penal concedió fianzas de 5 mil dólares y 10 mil dólares a 25 funcionarios de la Autoridad Nacional de Aduanas, a quienes se les acusa de pertenecer a una supuesta red de corrupción que permitía ingresar mercancía al país sin el respectivo registro, a través del Aeropuerto Internacional de Tocumen.
En una resolución del pasado 28 de abril, el juez Leslie Loaiza dispuso conceder una fianza de 10 mil dólares a favor de Héctor Castillo y de 5 mil dólares a otros 24 funcionarios de aduanas, a quienes la Fiscalía Auxiliar, a cargo de Marcelino Aguilar, formuló cargos por la presunta comisión de los delitos de corrupción de funcionario, contra la seguridad colectiva y asociación ilícita para delinquir.
La decisión del juez Loaiza se fundamentó en el artículo 2140 del Código Judicial, en el que se establece que en los delitos cuya pena sea inferior a los cuatro años de prisión se permite el otorgamiento de fianza de excarcelación. En ese sentido, Loaiza estableció que “salta a la vista que los cargos imputados a los funcionarios tienen penas inferiores a los cuatro años de prisión, por lo que es procedente concederles fianza de excarcelación”.
También detalló que el artículo 241 del Código Procesal Penal plantea que “toda persona imputada tiene derecho a prestar fianza de cárcel segura para no ser detenida o después de serlo para obtener su libertad durante el proceso”.
A comienzos de abril pasado, el Ministerio Público desmanteló la red, en la que incluso participaban empresarios, sin embargo, la investigación había empezado a mediados de diciembre pasado. Durante la investigación la fiscalía efectuó una inspección ocular en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, y en la Autoridad Nacional de Aduanas, para ubicar documentos relacionados con la operación de la supuesta red ilícita.