Los 12 años de mandato de los expresidentes argentinos Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández (2007-2015) permitieron a Lázaro Báez, el hombre de banca que se erigió en el mayor contratista del Estado, acopiar un patrimonio de mil 31 millones 240 mil 900 pesos, unos 140 millones 688 mil 312 dólares.
Esta fortuna está contenida en extensas fincas en zonas rurales, casas, oficinas, departamentos, estancias, edificios comerciales, entre otros inmuebles y propiedades, de acuerdo con un informe oficial –al que tuvo acceso el diario Clarín–, emitido tras allanamientos y embargos efectuados en los últimos meses a las propiedades de los Báez, todos procesados por lavado de dinero en el marco de la investigación conocida como la “Ruta del dinero K”.
Un informe del Tribunal de Tasación de Argentina, al que tuvo acceso el diario Clarín, revela que el empresario kirchnerista Lázaro Báez, quien es procesado junto a sus hijos y otros por la comisión del presunto delito de lavado de dinero, es propietario de 148 propiedades valoradas en 140 millones 688 mil 312 dólares.
De acuerdo con la información, que fue presentada al fiscal Guillermo Marijuan y al juez Sebastián Casanello, esta cifra no incluye el avalúo de Austral Construcciones, la empresa que Báez comenzó cuando el fallecido expresidente Néstor Kirchner era gobernador de la provincia de Santa Cruz. A través de esa compañía, absorbió la mayor cantidad de las obras públicas de esa zona y luego engrosó sus ingresos durante los 12 años que los Kirchner detentaron el poder Ejecutivo (2003-2015).
Según la tasación, en obras públicas Austral Construcciones habría manejado unos 21 mil 600 millones de pesos (unos mil 400 millones de dólares al cambio actual).
La abundante posesión de inmuebles no se compara con la vivienda y un vehículo viejo que, según el diario, Báez declaró tener en 2003, cuando se desempeñaba en la banca y empezó su meteórico ascenso. También está lejos de los $65.9 millones que declaró como patrimonio ante la justicia en la causa Hotesur, 10 años después.
El expediente Hotesur investiga la presunta comisión del delito de lavado de dinero por parte de la familia Kirchner y varios empresarios, a través de hoteles que se habrían alquilado sin ocuparlos, y en él queda en evidencia cómo se fue produciendo el incremento patrimonial de Báez.
En 2008, el empresario declaró tener 43 propiedades valoradas en 7.9 millones de pesos. Un año después, se elevaron a 47 (9.9 millones de pesos), en 2010 pasaron a ser 60 (10 millones de pesos), en 2011 sumaban 73 (15 millones de pesos) y en 2012 era dueño de 78 inmuebles con un valor de 15.3 millones de pesos, para un patrimonio final de 65.9 millones de pesos (unos 4.3 millones de dólares al cambio actual).
LOS BIENES HOY
El informe al que tuvo acceso Clarín especifica que los 148 inmuebles del empresario –en prisión desde abril pasado– están distribuidos en 7 localidades de la provincia de Santa Cruz. Incluyen un conjunto de tierras ubicadas en una zona rural del departamento de Río Chico, edificios de apartamentos, hoteles (entre ellos uno que nunca inauguró), terrenos baldíos, tierras fiscales (62 en total), 3 estaciones de servicio y 6 estancias (fincas de producción). También destacan entre sus propiedades 3 viviendas en El Calafate (ciudad turística en La Patagonia), donde además tiene negocios hoteleros con la expresidenta Fernández, y el Club Boca, que dirige el hijo mayor de Báez y del cual es madrina la exmandataria. Se lista entre los inmuebles una vivienda que perteneció a la familia de Néstor Kirchner y que fue vendida a Austral Construcciones.
El aumento del patrimonio de Lázaro Báez y sus cuatro hijos –tres de los cuales fueron llamados a rendir indagatoria luego de ser vinculados a cuentas en Suiza y sociedades offshore en Panamá, por medio de las cuales se habrían movido unos 25 millones de dólares– carecerían de justificación económica o financiera.
La investigación por lavado de dinero forma parte de la denominada “Ruta del dinero K”, que busca determinar cómo los expresidentes Kirchner y Cristina Fernández (2007-2015) y empresarios asociados a ellos habrían movido dinero del Estado a través de un entramado de sociedad y empresas, y haber comprado propiedades.
En el marco de estos procesos, el pasado jueves, la Sala 2 de la Cámara Criminal y Federal de Argentina ordenó avanzar sin más demora sobre la línea de investigación que vincula la relación entre Báez, Kirchner y su esposa, ante la sospecha de que su no justificado aumento patrimonial podría estar vinculado a sus relaciones personales y comerciales con las más altas autoridades del Ejecutivo, del Ministerio de Planificación y de la Secretaría de Obras Públicas.
En reacción, el fiscal Marijuan declaró ayer a Clarín que “ya hay medidas de prueba en curso” contra Fernández. “Hemos colocado a la expresidenta como imputada y hemos sugerido algunas pruebas (...) y no las puedo desvelar”, afirmó.
No obstante, adelantó que una de ellas es el análisis de llamadas de teléfono que se realizaron desde la flota de celulares que Leonardo Fariña –procesado por lavado de dinero desde hace dos años y considerado el “valijero” de los Báez– dijo haber adquirido a nombre de una sociedad. Además, indicó Marijuan, se investiga cuál fue el papel que cumplió la Embajada de Estados Unidos en un supuesto aviso a la expresidenta respecto a movimientos de Báez en ese país. Se analiza si existieron o no esos avisos y si se hicieron por teléfono o por medio de emisarios.
Mientras, el pasado jueves, un juzgado federal ordenó el procesamiento, con prisión preventiva, de José Francisco López, exsecretario de Obras Públicas desde 2003 hasta 2015, por el delito de enriquecimiento ilícito, y le impuso un embargo por 200 millones de pesos, al considerar que no justificó la posesión de casi 9 millones de dólares, 153 mil euros, 59 mil pesos y dos relojes Rolex que les fueran secuestrados el 14 de junio cuando pretendía esconderlos en un monasterio.
