Desde la instauración de la era posdictadura, a partir de 1990, la participación ciudadana se ha convertido en una promesa infaltable en las campañas de los candidatos a distintos cargos de elección popular.
Sin embargo, durante esta etapa democrática, que comprende ya 25 años, las estadísticas indican cómo los ciudadanos intervienen poco en las instituciones del Estado.
En 1999, bajo el gobierno de Mireya Moscoso se creó la Dirección Nacional para la promoción de la Participación Ciudadana en la Asamblea Nacional, un departamento encargado de recibir las iniciativas y convertirlas en ley. Para acatar la voz popular.
En 15 años de funcionamiento, de las 359 iniciativas presentadas solo 21 de ellas (el 5%) fueron ratificadas por el Ejecutivo (ver tabla).
Incluso, aumentó en los últimos años la tendencia de hacer caso omiso a las propuestas ciudadanas. A partir de 2001 el Legislativo únicamente aprobó 10 iniciativas ciudadanas.
La más reciente de ellas fue presentada por Honorio Quesada, con una proposición para reformar el Código Electoral meses antes del inicio oficial del pasado período electoral.
Quesada fue acusado de elaborar un proyecto a solicitud del entonces presidente Ricardo Martinelli. La iniciativa se convirtió en ley de la República de forma expedita.
El mismo ciudadano presentó otro proyecto legal cuyo objeto era el de autorizar la reelección presidencial. Pero luego de duras críticas de la sociedad civil fue desestimada por los propios diputados oficialistas.
Fernando Díaz Jaramillo, de la Alianza Pro Ciudad, advirtió que la cantidad de iniciativas que se convierten en ley responde a que necesariamente deben contar con el respaldo del Ejecutivo.
“Es lógico que esta sea la proporción [del 5%]. Este es un sistema presidencialista y el Ejecutivo manda en el Legislativo. Eso incide en los grupos que impulsan propuestas ciudadanas, pues tienen casi la certeza de que sin la bendición del Presidente o de los partidos no tendrán futuro, por más buenas que sean”, dijo.
Díaz Jaramillo agregó que la agenda legislativa incide en la cantidad de iniciativas ciudadanas: “ Todo el tiempo y todo el esfuerzo de los ciudadanos se dedica a reaccionar en lugar de proponer”.
LOS TRÁMITES
Toda iniciativa legislativa puede presentarse en la dirección de participación ciudadana, unidad encargada de aceptar la propuesta.
Determina su viabilidad el departamento legal de la Asamblea Nacional. El pronunciamiento debe indicar si beneficia o no a la población, o si se trata de una iniciativa ya legislada. De los 359 proyectos presentados en 15 años, se declaró viable un total de 158.
Si la propuesta cumple con esta condición, el departamento legal desarrolla una propuesta a través de artículos y se le da el esquema tradicional legislativo.
“Cualquier anteproyecto o proyecto de ley que se proponga deberá presentarse escrito a máquina, en limpio, en doble original y en los términos exactos en que la Asamblea Nacional deberá adoptarlo, con sus diferentes artículos, incisos y párrafos numerados con guarismos”, estipula el artículo 112 del reglamento interno del Legislativo.
Una vez se desarrolla el anteproyecto, este pasa a consideración en la comisión competente para decidir si prohija o no la iniciativa. En caso de adoptarla pasa a primer debate y tendrá el curso regular de un anteproyecto.
“Hay diputados que les interesa determinadas materias y no la generalidad. Dependiendo del área, así mismo trata de obtener un documento de esos”, señaló Elías Castillo, diputado por el Partido Revolucionario Democrático. “Mientras está en participación ciudadana, apenas si es una sugerencia de ley”, añadió.
De acuerdo a la Constitución, solo tienen iniciativa legislativa los diputados, el Ejecutivo y el Tribunal Electoral.
Para José Muñoz, diputado de Cambio Democrático, uno de los factores que incide en el bajo porcentaje de propuestas que se convierten en ley es que carecen del debido seguimiento.
“Hay personas que desconocen cómo funciona participación ciudadana. No es presentar y dejar morirlo. Hay que darle seguimiento a través de un abogado”, expresó Muñoz.
NUEVAS LEYES
La oficina de participación ciudadana se creó en 1999. A ese año, bajo la presidencia de la Asamblea Nacional del diputado panameñista Enrique Garrido, se lo considera el más fructífero en propuestas ciudadanas. Se presentaron siete.
Entre las iniciativas de 1999 se incluyen la conmemoración de la etnia negra, el día del escritor y la escritora y la condecoración Rogelio Sinán. Se segregó el distrito de Montijo, en la provincia de Veraguas; se modificó el impuesto al cigarrillo; se estableció la conmemoración al líder guna Simral Colman; se modificó la ley orgánica de la Caja de Seguro Social (CSS) y se modificó la ley sobre patrimonio histórico de la Nación.
Bajo la presidencia del diputado perredista Laurentino Cortizo se adoptaron iniciativas sobre el águila harpía como ave nacional, la información del crédito de los consumidores. Se declaró la fiesta del Festival del Torito Guapo en Antón y se adicionó un literal a la facultad de la CSS para intervenir en prestamos personales a jubilados.
En 2002, bajo la gestión del perredista Carlos Alvarado, se cambiaron nuevos aspectos en la legislación que protege al águila harpía.
En 2004, Jerry Wilson, del PRD, presidió la Asamblea y en su administración se estipuló el 28 de junio como el día de Lloyd LaBeach, y se adoptaron normas de protección laboral para las personas con enfermedades crónicas.
Entre 2005 y 2007, la presidencia del Legislativo fue ocupada por el perredista Elías Castillo y solo se aprobó un proyecto de ley, por el cual se regula el ejercicio profesional de los salvavidas.
En 2008 el pleno eligió al perredista Raúl Rodríguez como presidente. En su período, dos proyectos ciudadanos se convirtieron en ley: el pago obligatorio del XIII mes adeudado y la modificación del Código Electoral.
En 2009, bajo la gestión del panameñista José Luis Varela, el 17 de mayo se convirtió en el Día Nacional del Reciclaje.
Un año después, con José Muñoz como presidente, se declaró el 14 de agosto como día de la Rana Dorada.
Entre 2012 y 2014, períodos de Sergio Gálvez, se acogieron dos proyectos ciudadanos: el presentado por Quesada para reformar el Código Electoral y la declaración del 9 de enero como el Día de la Soberanía Nacional.
No se acogieron iniciativas en los períodos de Rubén Arosemena (2001), Jacobo Salas (2003), Pedro Miguel González (2007) y Héctor Aparicio (2011).
En el presente período de Adolfo Valderrama se han presentado nueve propuestas: ocho están en análisis y una fue declarada inviable.