El exrector de la Universidad de Panamá (UP), Gustavo García de Paredes, dos de sus asesores legales y el Consorcio Pacífico Atlántico, presidido por Herman Bern, están relacionados con un perjuicio de 10 millones de dólares contra la UP, producto de alquileres de tierras de esta institución.
La Contraloría General de la República cuantificó el monto que habría dejado de recibir la UP, avaluó las fincas y analizó los beneficios de dos de sus arrendatarias: Corporación Westminster y el ya citado consorcio, a petición de la Fiscalía General de Cuentas.
De acuerdo con los informes, los pagos que recibe la institución son “inmateriales” respecto a los beneficios que tienen las empresas arrendatarias. Según sus contratos, la UP les debe devolver hasta el 50% de la inversión que hagan en esos terrenos y la UP “contribuyó indirectamente al enriquecimiento” de las empresas, dicen los informes de Contraloría.
El exdirector de Contrataciones Públicas Alexis Zuleta cuestionó al contralor Federico Humbert por no demandar la nulidad de estos contratos, teniendo pruebas de ello. El contralor no contestó al respecto.
La Contraloría recomendó a la UP cobrar alquileres según el valor de mercado, considerando el avalúo hecho por ella.
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