A $275.6 millones aumentó el monto de la posible lesión patrimonial causada al Estado en casos de delitos contra la administración pública investigados por la Fiscalía General de Cuentas, informó esa entidad en una nota de prensa.
La cifra se incrementó luego de que la fiscalía recibió 75 auditorías que la Contraloría General de la República efectuó a juntas comunales y municipios.
Hasta febrero pasado, el monto de la posible lesión patrimonial al Estado que investiga la Fiscalía de Cuentas en casos de alto perfil era de $252.4 millones.
Por ejemplo, las auditorías detectaron la tramitación de $50 millones sin facturas y otros $20 millones sin sustentación.
Entre las juntas comunales auditadas están las de Río Chiriquí, Betania, Bastimento, Chilibre, Nuevo emperador, Tijeras, Río Indio, Capira, San Francisco, Paritilla, Sabanitas y San Pablo Viejo.