El acto público para elaborar el plan de manejo para el humedal Bahía de Panamá fue declarado desierto en octubre pasado.
Ambientalistas, residentes de Juan Díaz y autoridades de la Alcaldía de Panamá aseguran que la zona sigue degradándose.
Tala y rellenos siguen degradando humedal
En febrero de 2015, el humedal Bahía de Panamá fue declarado área protegida.
Doce años antes ya había ingresado en la lista de humedales de importancia internacional (Sitio Ramsar).
Son 85 mil 663 hectáreas comprendidas desde el corregimiento de Juan Díaz hasta el distrito de Chimán.
Esa ley fue un gran logro para los residentes de Juan Díaz y organizaciones ambientalistas como Mar Viva y la Sociedad Audubón de Panamá, que habían cerrado filas para evitar que los rellenos, la tala de manglares y la extracción indiscriminada de arena continuaran degradando la zona.
Rosabel Miró
Directora de la Sociedad Audubón.
Hoy, tres años y nueve meses después de la aprobación de la Ley 1 de febrero de 2015, quienes lucharon por legitimar la protección del sitio dicen sentirse “decepcionados”, porque poco se ha avanzado en su implementación.
Los problemas
La ley aprobada impedía cualquier explotación del área protegida por dos años (hasta 2017), mientras se elaboraba un plan de manejo que definiera los parámetros para su gestión. La realidad es que a la fecha no existe el plan.
Mientras, al embarcadero de Llano Bonito, en Juan Díaz -dentro de la zona de amortiguamiento del humedal-, ingresan a diario camiones que descargan desperdicios de los proyectos de construcción que se desarrollan en los alrededores. También se aprecian rellenos que fueron pensados para proyectos inmobiliarios.
En este corregimiento hay unos 20 proyectos, entre edificios en construcción y en etapa de movimiento de tierra, que aunque no están dentro de la zona protegida, le generan un impacto negativo.
Todo lo anterior sucede pese a que el artículo 13 de la Ley 1 de 2015 establece que “se prohíbe la remoción, tala, desmonte, relleno, desecación, extracción y cualquier otra actividad que afecte el flujo hidrológico de los manglares”.
Residentes de Juan Díaz, ecologistas e incluso autoridades locales dan cuenta de que persiste el deterioro ambiental.
Licitación desierta
El 15 de marzo de 2017, el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Salud firmaron un convenio de cooperación para coordinar las actividades ambientales que se desarrollarían en el área protegida o en su zona de amortiguamiento, relacionado con su manejo, uso público, monitoreo y conservación.
Como parte de este acuerdo obtuvieron un préstamo de $500 mil del Banco de Desarrollo de América Latina, para licitar el plan de manejo del humedal. Dicho acto público fue divulgado en Panamá Compra en 2018, y en octubre pasado fue declarado desierto.
Rosabel Miró, directora de la Sociedad Audubón de Panamá, expresó que participaron en la reunión de homologación e hicieron varias sugerencias para mejorar el proceso de elaboración del plan de manejo.
Detalló que, por ejemplo, el pliego de condiciones establecía un término de 245 días para entregar el documento, y la realización de cinco talleres .
Según Miró, pidieron más tiempo y mayor consulta con las comunidades para elaborar un mejor plan. De hecho, recordó que el área protegida abarca tres distritos: Panamá, Chepo y Chimán, así como 100 kilómetros lineales de costa, donde hay comunidades a las que solo se puede llegar por mar.
“Era necesario más tiempo y más consulta. Ahora nos preocupa que siga la tala de manglares. Las autoridades han sido muy permisivas con los rellenos”, dijo.
Inundaciones
Los afectados directos por los daños al humedal son los residentes de Juan Díaz, quienes todos los años afrontan entre 8 y 10 anegaciones, sobre todo en la parte baja de la cuenca del río.
Manuel Mejía Zambrano, presidente de la Asociación de Comunidades de Juan Díaz, señaló que a principios de año utilizaron un dron para sobrevolar el área entre la desembocadura del río hasta la parte alta de la cuenca, cerca de la comunidad de Villalobos, en el corregimiento de Pedregal, y las imágenes fueron “dramáticas”, por el daño ecológico.
Mejía ha participado en reuniones con el Municipio de Panamá, gobierno local que busca financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para rescatar la zona. “En 2015, el costo de la mitigación del daño ambiental ocasionado, de acuerdo con el BID, era de $50 millones, y en 2018 subió a $80 millones”, detalló el dirigente.
Nueva denuncia
Hace 15 días, el Municipio de Panamá presentó una denuncia penal en el Ministerio Público por nuevos rellenos en el embarcadero de Juan Díaz.
La vicealcaldesa del distrito de Panamá, Raisa Banfield, explicó que junto a la Dirección de Resiliencia se verificó en campo lo ocurrido y se determinó que era una actividad ilegal, ya que la ley que protege la zona natural impide ese movimiento de tierra.
Sobre otros desarrollos en el lugar, aclaró que la actual administración no ha otorgado nuevos permisos de construcción. Reconoció que si las entidades no trabajan de forma coordinada, será poca la conservación que se podrá garantizar en la reserva natural.
El ministro de Ambiente, Emilio Sempris, informó que tienen abierto un “proceso sancionatorio” contra rellenos en el área del embarcadero, mismo por el que el Municipio de Panamá presentó una denuncia penal en el Ministerio Público.
Resaltó que fue en esta administración que se elevó a ley la protección del humedal; que han desarrollado campañas de limpieza de la bahía de Panamá, en el marco del Mes de los Océanos.
Sempris indicó que el plan de manejo lo están elaborando ahora de oficio. “Se establecieron formalmente los comités de cuencas de los ríos Juan Díaz y Pacora, y realizamos evaluación de niveles de referencia forestal de la zona”, agregó.
Por último, dijo que hay un proyecto de ensanche y dragado del río Juan Díaz por $7 millones.