Iván Márquez afirma que el fundador de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Manuel Marulanda Vélez, alias “Tirofijo”, se los había advertido: “las armas eran la única garantía segura de cumplimiento de los eventuales acuerdos [de paz]”, pero no le hicieron caso.
El 7 de junio de 2017 la guerrilla entregó el primer 30% de sus armas al gobierno del entonces presidente, Juan Manuel Santos, bajo la supervisión de la Organización de Naciones Unidas, acción que fue completada 20 días después.
Iván Márquez, alias de Luciano Marín Arango, máximo delegado de los rebeldes en los diálogos con el gobierno de Santos que derivaron en la firma del histórico pacto de paz en 2016, ahora se queja de que el Gobierno ha mutilado el texto, amén de que el cumplimiento ha sido fallido.
En una misiva fechada el 22 de septiembre, pero hecha pública ayer, Márquez denuncia que el movimiento guerrillero ha sido traicionado, y se lamenta de la ingenuidad al dejar las armas sin haber concretado antes los compromisos.
“Las modificaciones al texto original de lo convenido transfiguraron el Acuerdo de La Habana en un horroroso Frankenstein”.
“Sucedió después de la entrega de las armas. Eso es perfidia, trampa y 'conejo' (engaño). Mal hecho. No se puede traicionar la paz de esa manera. Los acuerdos, que fueron firmados solemnemente, son para cumplirlos”, afirma el exjefe negociador, cuyo paradero se desconoce.
La frustración de Márquez es secundada por Óscar Montero, conocido como Hernán Velásquez o “El Paisa”, un temido exjefe guerrillero cuyo paradero también es desconocido, quien igualmente firma la epístola.
A confesión de parte...
Enviada a la Comisión de Paz del Senado, en el escrito Márquez y “El Paisa” hacen un mea culpa al afirmar que el acuerdo “tuvo una falla estructural que pesa como pirámide egipcia, que fue haber firmado primero la dejación de las armas, sin haber acordado antes los términos de la reincorporación económica y social de los guerrilleros”.
Los excomandantes denuncian que hubo “trampas” en las modificaciones en el Congreso a lo pactado en el sistema de justicia para juzgar a exguerrilleros y miembros de la fuerza pública por crímenes cometidos durante los enfrentamientos.
También alertan del incumplimiento en la reinserción e “inseguridad jurídica” de los 7 mil excombatientes que dejaron las armas el año pasado, entre ellos el caso del líder rebelde Jesús Santrich, detenido y pedido en extradición por Estados Unidos por narcotráfico, que las FARC consideran un “montaje judicial”.
No obstante estos señalamientos, aseguran que su “sueño sigue siendo la paz de Colombia”, pese a que el acuerdo para superar medio siglo de conflicto armado “fue destrozado por depredadores sin alma”.
Miguel Ceballos, alto comisionado para la Paz, dijo que el Gobierno mantiene dos “interrogantes” respecto a ambos rebeldes: “si ellos siguen o no en el acuerdo” y “si siguen perteneciendo o no al partido FARC”, surgido del pacto. “Si ellos se acercan o se unen a las disidencias están rompiendo no solamente un acuerdo, sino toda la estructura de un partido político nuevo, que es la FARC”, señaló.
(Con información de El Espectador, AFP y AP)