El exministro de Economía y Finanzas Frank De Lima se presentó ayer en la Fiscalía Tercera Anticorrupción para responder al cargo, por la presunta comisión del delito de falsedad ideológica, que se le formuló como parte de la investigación sobre la adjudicación del contrato para el bingo Buko Millonario a la empresa Grupo de Inversión Mundial (GIM).
De Lima, a quien la Fiscalía Primera Anticorrupción le impuso una medida de impedimento de salida del país como parte del proceso por supuestas anomalías en contratos para la compraventa de granos con fondos del extinto Programa de Ayuda Nacional, llegó acompañado de su esposa y abogado, y de unos 70 miembros de su partido, Cambio Democrático (CD).
“Aquí estamos. Como siempre, hemos dado la cara ante este proceso judicial, que a nuestro criterio no tiene ni pies ni cabeza (...), sabemos que la justicia se aplica de manera diferente a los de Cambio Democrático que a otros”, dijo.
“Vamos a contestar las preguntas que tenga la fiscalía sobre el caso, sobre un tema administrativo que fue resuelto por la vía administrativa”, añadió.
El 7 de julio de 2011, la directiva de la Junta de Control de Juegos (JCJ), entonces presidida por De Lima, firmó el contrato con GIM para la administración del bingo televisado por 20 años prorrogables.
La investigación fue iniciada por la fiscal Zuleyka Moore, luego de que la compañía Gaming Global Corporation (GGC), que también compitió por la adjudicación del bingo en 2011, demandó el contrato.
La acción legal de GGC se basa en supuestas violaciones a la ley de la JCJ, que establece la obligación de que se revele la identidad de los accionistas, y en el caso de GIM no se cumplió.
La fiscalía también acusó y ordenó indagar, por este caso, a la exdirectiva de la JCJ Giselle Brea.