OPINIÓN. El artículo 265 del Código Procesal Penal establece que el agente de instrucción deberá solicitar autorización al juez de garantías para cautelar o secuestrar cuentas bancarias, o títulos valores de instituciones financieras. El segundo párrafo señala que el juez podrá autorizar el levantamiento de la reserva o secreto bancario para los fines de embargo o aprehensión de documentos con información bancaria útil para el caso. A primera vista, ese párrafo indicaría que solo con autorización del juez un agente de instrucción podría conocer aquellos documentos bajo reserva para su incorporación en el expediente. Esta interpretación es incoherente con nuestro sistema jurídico, porque es sumamente restringida, ya que un aspecto es secuestrar una cuenta y otro obtener la información contenida en la misma. Se entiende que la cautelación deba requerir la intervención judicial o la autorización del juez de garantías, pero la obtención de la información bajo reserva bancaria no está amparada con este mismo criterio por nuestro ordenamiento jurídico. Basta saber que el primer párrafo del artículo 55 de la Ley 23 de 2015 establece que el Ministerio Público o quienes desempeñen la función de agentes de instrucción están autorizados para tener acceso a información bancaria de carácter reservado.
Esta ley es la normativa marco sobre la prevención del blanqueo de capitales en nuestro país; por lo tanto, sería contradictorio que Panamá adoptara una legislación sobre lavado de dinero que limitara los poderes del Ministerio Público o sus equivalentes. En conclusión, lo actuado por el fiscal Oydén Ortega es legal.