Legisladores de la oposición presentaron ayer un requerimiento para que el Tribunal Constitucional (TC) revise la ley de aborto terapéutico, que esta jornada se jugaba horas claves en el Congreso del país suramericano.
Impulsada por el gobierno de la socialista Michelle Bachelet para despenalizar el aborto en caso de violación, riesgo de vida para la madre o inviabilidad fetal, la normativa no puede ser promulgada antes del pronunciamiento del TC.
“Once senadores presentamos este requerimiento ante el TC, amparados en que el derecho a la vida está consagrado” en la Constitución, señaló el senador Francisco Chahuán, de la ultraconservadora Unión Demócrata Independiente (UDI).
“Esta es, sin lugar a dudas, la causa más importante que ha tenido el TC en su historia”, agregó el legislador de la oposición derechista.
En paralelo, la Cámara de Diputados despachó el proyecto de ley tras la conformación de una comisión mixta, llevada a cabo al no lograrse hace dos semanas el quórum necesario para la aprobación de las enmiendas introducidas por el Senado.
Por la tarde, la Cámara alta debía volver a votar el proyecto antes de su despacho definitivo.
La falta de quórum significó un duro revés para el gobierno de Bachelet, que busca sacar a Chile de la corta lista de países donde la interrupción del embarazo no está permitida en ninguna circunstancia.
Conformado por 10 miembros designados políticamente, el TC actúa en la práctica como una tercera Cámara.
El Gobierno busca acelerar la revisión ante este tribunal, ya que a fines de agosto su presidente cambia por otro más afín a la oposición derechista.
En caso de paridad, el voto de su nuevo presidente -con un perfil muy conservador y contrario al aborto - podría ser decisivo en el futuro de este proyecto para legalizar el aborto terapéutico y en caso de violación, respaldado por el 70% de la población chilena, según sondeos.
Desde 1931 y por más de 50 años, el aborto estuvo permitido en Chile en casos de peligro para la madre o inviabilidad del feto, pero poco antes de dejar el poder, el exdictador Augusto Pinochet (1973-1990) lo prohibió.