La oposición venezolana sufrió ayer otro golpe, en momentos en que se prepara para una nueva arremetida del gobierno de Nicolás Maduro con la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente, que impuso con un proceso calificado dentro y fuera del país como inconstitucional.
Videos publicados en redes sociales pasada la medianoche dejaron ver cómo el líder opositor Leopoldo López y el alcalde mayor de Caracas, Antonio Ledezma, eran sacados de sus residencias –donde cumplían prisión domiciliaria– para ser devueltos a prisión.
La condena internacional fue inmediata y generalizada. Desde presidentes y Parlamentos del mundo, alcaldes y exdiplomáticos, hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Organización de Estados Americanos, el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y Amnistía Internacional.
“Estoy muy preocupado de que los líderes opositores (...) fueran detenidos nuevamente”, dijo el alto comisionado Zeid Ra'ad al-Hussein, en un comunicado divulgado por Reuters.
Además, instó a las autoridades a “no empeorar una situación que ya es extremadamente volátil con el uso excesivo de la fuerza, incluyendo violentos operativos domiciliarios por parte de las fuerzas de seguridad, como los que se produjeron en varias partes del país”.
En tanto, a través de un comunicado publicado en su sitio web, la CIDH dijo: “El paso a arresto domiciliario suponía una mejora en las condiciones de detención de los señores López y Ledezma. Por ello, su nuevo internamiento en prisión no solo conlleva un grave retroceso que afecta sus derechos, sino también un hecho que agrava la crisis política en Venezuela, pues el Gobierno venezolano reincide en medidas represivas y de intolerancia política que buscan impedir la libertad de expresión y las voces disidentes”.
Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, dijo: “La administración de Maduro está enviando un mensaje aterrador a toda la gente en Venezuela: ‘la disidencia no será tolerada de ninguna forma”.
Añadió que el gobierno de Maduro está desesperado por silenciar toda forma de crítica, mientras que la crisis política y humanitaria llega a un punto de quiebre.
La extracción de los opositores fue justificada por el Tribunal Supremo de Justicia. Un comunicado publicado en su página de Facebook indica que se revocaron las medidas porque López y Ledezma incumplieron las condiciones impuestas y, además, porque “fuentes de inteligencia oficial” informaron sobre “un plan de fuga”.
Afirma la comunicación que las condiciones de López “no le permitían realizar ningún tipo de proselitismo político”, en vista de que su sentencia tiene una pena accesoria de inhabilitación política, y que Ledezma tenía la “obligación de abstenerse de emitir declaraciones ante cualquier medio”.
El abogado de López, Juan Carlos Gutiérrez, y el de Ledezma, Omar Estacio, coincidieron al calificar como una falacia el alegato de la fuga y rechazaron la forma arbitraria –sin presencia de sus abogados, sin mostrar una orden judicial que era obligación entregar en ese momento– como se los llevaron, ambos objeto de procesos fabricados.
Gutiérrez dijo que la sentencia que confirió el arresto domiciliario de López solo tenía dos prohibiciones: salir de su habitación sin autorización del Tribunal Supremo e informar aspectos vinculados a su juicio a los medios de comunicación. “No tenía restricción legal de referirse en los medios a la situación política del país ni tenía restricciones de reunión y uso de redes sociales”, aseguró. Añadió que lo sucedido tiene todas las característica de una retaliación.
Gutiérrez dijo que López no opuso resistencia y que en el momento de la extracción no hubo un tratamiento violento en su contra.
Estacio, en tanto, dijo a este medio que hasta tener una información oficial del paradero de Ledezma, “técnicamente es un desaparecido”, porque oficialmente no saben dónde fue llevado.
También negó que, al otorgársele el arresto domiciliario, se le condicionó a guardar silencio, por lo que la decisión lo que hace es criminalizar la libre expresión.
Las detenciones de López y Ledezma fueron declaradas arbitrarias y tienen medidas de protección de organismos internacionales.