LA SEGUNDA VUELTA DE LAS ELECCIONES SERÁ EL DOMINGO 2 DE ABRIL

Luces y sombras del Ecuador de Rafael Correa

Luces y sombras del Ecuador de Rafael Correa
Durante la gestión de Rafael Correa, el gobierno se incautó de 10 medios, entre ellos 5 canales de televisión, 3 emisoras y 2 revistas, que forman parte del ecosistema mediático que

El Ecuador que recibirá el presidente que resulte electo en la segunda vuelta del próximo 2 de abril será muy diferente del que encontró Rafael Correa en 2007, cuando llegó al poder.

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Ecuador definirá en balotaje al sucesor del presidente Rafael Correa

Según los números, mejor en materia de salud, educación y pobreza, aunque erosionado por la corrupción y el debilitamiento de libertades fundamentales, y con una economía en crisis.

Además, quien gane tendrá que decidir si desarticula el andamiaje con el que gobernó el presidente Correa (2007-2017), con absoluto control sobre los cinco poderes del Estado, lo cual requerirá reformas legales e institucionales; o si se monta en esa estructura vertical que han venido cuestionando diversos sectores del país.

El economista Jorge Rodríguez, vocero de la Comisión Cívica Anticorrupción de Ecuador, es directo al señalar que un gobierno que se queda demasiado tiempo en el poder se adueña de todas las funciones del Estado y deja en indefensión al ciudadano, y que eso es lo que ha sucedido durante el gobierno del partido Alianza País, que en enero pasado cumplió 10 años llevando las riendas de la nación, de la mano de Correa.

“Ecuador era un país de paz, de respeto y [ahora] vivimos una economía del miedo y además una política del odio, en donde si uno no es correísta es enemigo del país”, aseguró.

Christian Zurita, directivo de la Fundación Mil Hojas, surgida para garantizar la defensa del derecho a la libertad de expresión e información a través de la investigación periodística y la publicación sin censura del material que se recopila, tampoco duda al señalar que la opacidad ha sido la reina del gobierno en este período, que la corrupción no tiene precedentes y que si poco se ha podido denunciar de ella es producto de que Correa creó a su alrededor una maquinaria de propaganda que tampoco tiene punto de comparación.

En términos similares se expresó Juan Carlos Solines Moreno, excandidato a la vicepresidencia de Ecuador en 2013, quien señaló que por más que reconozca que durante el gobierno de Correa se construyeron carreteras, que hubo estabilidad frente a la inestabilidad de décadas anteriores –entre 1996 y 2006 hubo 10 presidentes–, “ha sido una atrocidad lo que se ha hecho con el país”, y que solo cuando el actual gobierno salga se va a poder evaluar la magnitud del daño que han hecho estos 10 años al país.

ALGUNAS CIFRAS DEL DESARROLLO

Luces y sombras del Ecuador de Rafael Correa
Durante la gestión de Rafael Correa, el gobierno se incautó de 10 medios, entre ellos 5 canales de televisión, 3 emisoras y 2 revistas, que forman parte del ecosistema mediático que

A pesar de las fuertes críticas de representantes de la sociedad civil y políticos opositores, estadísticas de la Comisión Económica para América Latina (Cepal) muestran una imagen de desarrollo en Ecuador durante el período de Correa.

Por ejemplo: una tasa de alfabetización de 98.8% para 2015 de las personas entre 15 y 24 años, y una tasa de mortalidad infantil que pasó de 23.1% en 2007 a 18.4% para el mismo año. En tanto, la tasa de pobreza nacional pasó de 42.6% en 2007 a 29.8% en 2014, y la indigencia, de 16% a 10.3%.

El Instituto Nacional de Estadística y Censo de Ecuador (INEC) reporta en sus informes una reducción de prácticamente 20 puntos porcentuales en la pobreza desde el inicio de la gestión de Correa, ya que para diciembre de 2016, según el INEC, la pobreza nacional (por ingreso) era de 22.9% y la pobreza extrema estaba en 8.7%, la mitad de la cifra reportada por la entidad en el mismo mes de 2007, al inicio de la gestión correísta, cuando sus informes la cifraban en poco más de 16%.

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Durante la gestión de Rafael Correa, el gobierno se incautó de 10 medios, entre ellos 5 canales de televisión, 3 emisoras y 2 revistas, que forman parte del ecosistema mediático que

Por otro lado, está la reducción del Coeficiente de Gini, que mide la desigualdad del ingreso per cápita, donde cero equivale a perfecta igualdad, y uno a perfecta desigualdad. Según el INEC, en diciembre de 2016 este indicador se situaba en 0.466, y en el mismo mes de 2007 estaba en 0.551.

Jamás hemos dicho que se ha hecho todo. Se ha hecho mucho, pero falta muchísimo por hacer. Por eso, la revolución debe continuar”.


Rafael Correa
Enlace Ciudadano 517 - 24 de marzo

Hay investigaciones sociales que analizan las últimas dos décadas que también dan cuenta de los avances durante la gestión del exponente ecuatoriano del “socialismo del siglo XXI”. El informe La niñez y la adolescencia en el Ecuador contemporáneo: avances y brechas en el ejercicio de derechos, elaborado por el Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional, la oenegé Plan, el Observatorio Social del Ecuador y Unicef, es uno de ellos y entre otras cosas resalta que la educación ha llegado casi a la universalización, que se ha producido una importante reducción de la mortalidad infantil –que entre 2000 y 2011 pasó de 18.9 a 10 por cada mil nacidos vivos–, que la cobertura y gratuidad de los servicios de salud pública ambulatoria, en centros y subcentros de salud y hospitales se elevó en 2012 a 74%, mientras que el acceso al parto institucional se incrementó al 94% ese mismo año. También destacan que los alumbramientos atendidos por parteras o familiares se redujeron del 20% al 6% entre 2004 y 2012.

Un matiz importante del informe es que la desnutrición infantil persiste en la cuarta parte de niños y niñas menores de 5 años, siendo los de mayor riesgo los indígenas, al tiempo que hay una coexistencia de desnutrición y obesidad que en el caso del preescolar es del 9%, y del 30% y 26% para los que están en edad escolar y los adolescentes, respectivamente.

“La reducción de estas tres brechas (de ingreso por habitante, de pobreza y desigualdad) se explica por una conjunción de factores políticos y económicos. En primer lugar, la conducción del Estado del actual gobierno ha supuesto un significativo incremento de la inversión social que ha repercutido directamente sobre las condiciones de vida de la población. Si en 2004 el 8.1% del presupuesto nacional se destinaba al pago de la deuda, en 2012 ese porcentaje descendió a 4.3%. Por su parte, el gasto social para 2004 era de 4.2% y 8 años más tarde se elevó a 10.9% (…). Con respecto al área de educación, en 2004 el Estado invertía 858 millones de dólares, mientras que en 2012 la cifra se quintuplicó alcanzando los 4 mil 366 millones de dólares. En salud, la situación es similar: de 371 millones de dólares en 2004 se pasó a invertir mil 671 millones de dólares en 2012. Finalmente, en inclusión social la variación fue de 260 millones de dólares a mil 243 millones para el mismo período (Correa, 2012) (…)”, destaca el informe publicado en 2016.

DENUNCIAR TIENE CONSECUENCIAS

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Durante la gestión de Rafael Correa, el gobierno se incautó de 10 medios, entre ellos 5 canales de televisión, 3 emisoras y 2 revistas, que forman parte del ecosistema mediático que

Rodríguez, quien aclara que la Comisión Cívica Anticorrupción no está financiada ni apoyada por ningún partido político u organización empresarial –para garantizar su independencia–, reconoce que hubo cosas buenas durante estos 10 años, pero la corrupción opacó la acción en la gente que creyó en la llamada “revolución ciudadana”. Y da un ejemplo. La comisión envió a la Presidencia –y también presentó las denuncias respectivas en la fiscalía– una serie de documentos que dejaban en evidencia actos de corrupción estatal.

“Tomamos licitaciones que se han hecho en Centroamérica fundamentalmente para la compra de placas para los vehículos. A la misma empresa que ofertó en Ecuador en el plano internacional le estaban comprando en $2.20 cada placa y aquí estamos comprando a $7.20, es decir, no es solo una comisión del 10%, 20% o 30%, es 400% más de lo que le cuesta a Centroamérica en concursos, y son millones de placas”, remarcó Rodríguez, quien aseguró que hicieron llegar las licitaciones y las ofertas a Correa y como respuesta, días después, lo que recibieron fue una carta ofensiva firmada por una secretaria de la Presidencia.

Sobre las denuncias interpuestas ante la Fiscalía, precisó que la mayoría ha sido archivada. “Con un problema adicional, de que cuando han traído eso a la Corte Nacional, ha declarado que nuestras denuncias (…) van en contra de la posición ética o moral de los funcionarios, [las] han calificado como maliciosas y temerarias. Eso ha significado que se inicien querellas, demandas penales en contra de los miembros de la comisión y que nos reclamen $40 millones como indemnización para limpiar el nombre sucio de esos funcionarios a quienes hemos acosado”, denunció.

Rodríguez, también expresidente de la Asociación de Economistas de América Latina y el Caribe, y de la Federación de Economistas de Ecuador, opina que los datos estadísticos le dan un premio al gobierno en los primeros años, cuando Correa gobernó en bonanza petrolera, pero al bajar el precio del petróleo y subir el precio del dólar, el mal manejo quedó en evidencia. “No aprovecharon la época de las vacas gordas para hacer crecer el aparato productivo (…) y con respecto al crecimiento del PIB, la industria y la agricultura han disminuido desde hace 15 años su peso en el PIB, lo que significa que nos ‘paveamos’ la plata en obras faraónicas, porque gastarse más de mil 500 millones de dólares en aplanar un terreno para algo que iba a ser una refinería con Venezuela y que eso esté a la intemperie es un desperdicio; o que el incremento de la modernización de una refinería cueste 2 mil 500 millones de dólares, eso es la fotografía del vilipendio miserable que ha habido de los fondos del Estado”, remarcó.

CERO FISCALIZACIÓN Y UN PAÍS ¿EN QUIEBRA?

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Durante la gestión de Rafael Correa, el gobierno se incautó de 10 medios, entre ellos 5 canales de televisión, 3 emisoras y 2 revistas, que forman parte del ecosistema mediático que

Christian Zurita, directivo de la Fundación Mil Hojas, constituida en Panamá ante la posibilidad de que el actual gobierno se extendiera hasta 2023 y con él la censura a la prensa y los límites a la libertad de expresión, también apunta a la corrupción como el cáncer de la gestión del socialista. “Definitivamente ha empeorado y ha empeorado de forma radical. Hace 10 años cuando Rafael Correa llegó al poder se implementaron nuevos procesos en los sistemas de control estatales que permitieron de forma menos controlada las contrataciones públicas”, afirmó.

Para entender a lo que se refiere, según Zurita la Contraloría General revisaba los proyectos antes de autorizar la firma de los contratos, proceso que con Correa fue trasladado a cuando las obras estuvieran culminadas o los servicios prestados. Además, al tener abundante dinero disponible al inicio de su gestión, empezaron a contratar obras basados en “estados de emergencia”, lo que permitió la contratación de bienes, servicios u obras sin que mediaran procesos de licitación, y a través de una figura jurídica que en Ecuador se conoce como “giro del negocio”, que permite contratar de forma directa.

A eso hay que sumar, añadió Zurita, que en el ámbito petrolero no existen procesos de contratación abierta, se hacen contrataciones directas. Una de ellas, citó, es el caso de la repotenciación de la refinería estatal Esmeralda, en el cual “se cree que existen al menos mil 600 millones [de dólares] de sobreprecio (…), estamos hablando de mil 600 millones desaparecidos en procesos de contratación”.

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Para Zurita, esto es el resultado de que el gobierno de Correa logró cooptar todos los poderes estatales, incluido el judicial, luego de una reforma efectuada en 2011. “La realidad es que vivimos en un estado de opacidad completo, en el cual no existen sistemas de control, con la presencia de la Contraloría en procesos de contratación directa que nadie ha logrado auditar, y [sin transparencia] en la esfera de la información”, aseguró.

También cuestiona algunas de las obras insignia de Correa. Asegura que lo que parece que fueron acertadas decisiones de vialidad, no lo son; que las inversiones en carreteras han sido extremadamente onerosas; y que a la población le toma el mismo tiempo viajar de una ciudad a otra. “Hace 10 años viajar entre las dos ciudades más importantes, Quito y Guayaquil –casi 500 kilómetros de distancia–, por automóvil, tomaba 10 horas y eso no ha variado”.

Sobre el sector petrolero, primera fuente de ingresos de Ecuador, alega que Correa no ha podido generar procesos de modernización de los sistemas de extracción de petróleo y que en vez de lograr mejores contratos con beneficios económicos para el Estado, firmó contratos perjudiciales. Aunque no le quita mérito a la decisión política de construir represas e hidroeléctricas, dice que está por medirse la capacidad de generación y funcionamiento, ya que las principales todavía no están operando, tienen un retraso en el proceso de construcción y no se ha hecho un control de los costos reales de esas inversiones.

“A nivel institucional, lo que deja [Correa] es un estado obeso, que no tiene forma de funcionar sin la capacidad de acceso a los recursos por la baja del precio del petróleo. Un ejemplo claro, Ecuador gasta aproximadamente cada 10 días, o gastaba en su mejor momento, $400 millones, solo en mantener el sector público. Ahora que los costos del petróleo han disminuido dramáticamente (a la mitad), a pesar de que no tienen un mal precio, ese valor no alcanza para cubrir los costos del Estado”, remarcó, por lo que el gobierno que asuma en mayo próximo deberá tomar medidas económicas para resolver esa situación y tomando en cuenta que el promedio de endeudamiento, interno y externo, es del 40%, el 40% del PIB está comprometido. Esa es la realidad de Ecuador”, asegura esta fundación, que publica investigaciones periodísticas y promueve los derechos humanos.

¿Ecuador está en quiebra? Zurita no duda en responder que sí.

REINSTITUCIONALIZAR EL PAÍS

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Juan Carlos Solines, excandidato a la vicepresidencia de Ecuador en 2013, ve en la reinstitucionalización el reto más grande del nuevo presidente, si no es que el nuevo inquilino del Ejecutivo, ya electo, decide que ese control absoluto del que goza Correa le conviene, bajo el pretexto de que –por pensar una posibilidad– no logra mayoría en el Congreso.

Este escenario no debería producirse si gana el candidato opositor, Guillermo Lasso, quien empeñó su palabra este mes al decir que “desmontará” ese sistema llamando a una constituyente para “cortar de un tajo los organismos de control creados en el gobierno de Correa”.

Si gana Lenín Moreno, el candidato de Alianza País, el modelo seguiría igual, ya que en el plan de gobierno del candidato de Alianza País no se habla de cambios en el sistema de gobierno, sino de que se trabajará“para afianzar todos los logros de una década ganada para el país”, como dice Correa. Se enumeran principios y programas en áreas sociales, nada sobre las estructuras de gobierno en los poderes del Estado.

Y quizás la propuesta de Lasso sea la única manera, ya que, según Solines, el sistema instaurado por Correa fue “muy bien pensado” y tiene una serie de “candados constitucionales y legales” para impedir que se desmantele, tanto con leyes como con instituciones.

Se refiere a que, al llegar al poder, Correa sacó adelante una constituyente que redactó una nueva carta magna (2008), que dio paso a la creación de organismos como un consejo encargado de designar al fiscal general, a las autoridades electorales y magistrados, así como otros de regulación para la prensa, en los cuales, según la disidencia, el mandatario tiene absoluto control.

Uno de esos organismos creados fue el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, el cual, según Rodríguez, el presidente de la Comisión Cívica Anticorrupción, en la práctica no tiene ninguna participación ciudadana, porque quienes lo integran son empleados del gobierno. Como resultado, añadió, organismos como sindicatos, asociaciones de trabajadores y colegios de profesionales han ido “desapareciendo por políticas abusivas del gobierno”. Lo anterior, a pesar de que, según Rodríguez, la Constitución aprobada en el gobierno de Correa establece una “reposición muy fuerte a los derechos ciudadanos”.

Solines destacó que los partidos políticos fueron neutralizados también por Correa, al aprobar el llamado Código de la Democracia, que les exigió reinscribirse, para lo cual instauró nuevos requisitos de recolección de firmas, por provincia, lo que hizo el proceso muy complicado. Así, mantuvo a los políticos entretenidos y, por ende, alejados de la discusión.

De allí que, remarcó Solines, el legítimo contradictor de Correa no fueron los políticos y los partidos, sino los medios de comunicación, que fueron uno de los principales dolores de cabeza de Correa una vez que llegó a controlar todos los espacios de poder. “Si uno evalúa estos 10 años, yo te diría que el sector que más ataques, insultos, improperios, hostigamiento recibió no fueron los dirigentes políticos de oposición y los partidos de oposición, fueron los medios de comunicación, porque a los partidos los desmanteló”.

Lo que dice Solines es consistente con los reportes de la oenegé Fundamedios, que se acrecentó tras la aprobación de la Ley Orgánica de Comunicación y la creación de su organismo ejecutor, la Superintendencia de la Información y Comunicación (Supercom), un organismo “técnico, de vigilancia, auditoría, intervención y control en el ámbito administrativo del ejercicio de los derechos a la comunicación, establecidos constitucionalmente (…)”, según define su sitio web. (Ver nota relacionada)

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Durante la gestión de Rafael Correa, el gobierno se incautó de 10 medios, entre ellos 5 canales de televisión, 3 emisoras y 2 revistas, que forman parte del ecosistema mediático que

UN ESTADO DE PROPAGANDA

Solines aseguró que el gobierno de Correa se ha basado en tres pilares: un gasto enorme que ha degenerado en despilfarro, el control absoluto de las instancias de poder y la propaganda, que da la sensación de que las cosas están bien.

“El presidente comenzó con sus sabatinas (monólogos de cuatro horas), ya van más de 500; luego comenzaron a inventarse informes a la nación, de labores (...). Con la aprobación de la Ley Orgánica de Comunicación introdujeron el concepto de la réplica y de la aclaración y ahora resulta que cuando el gobierno quiere hacerlas ya no va el funcionario, sino que mandan videos y obligan a interrumpir programación. Se inventaron un nuevo programa que se llama Siete días siete minutos, que dan todos los lunes en hora prime, en todos los medios de comunicación (...) y así puedo enumerar (...) programas que son solo propaganda”, dijo.

Según el político, la propaganda es “fascista” y para explicarlo detalla que las cadenas e intervenciones del presidente terminan con imágenes de él subiendo solo la cima de una montaña, cargando una bandera; y como antecedente recuerda su eslogan de la última campaña: ¡Ya tenemos presidente, tenemos a Rafael!

Solines cuestiona que Correa deja un país endeudado, a pesar de que cuando llegó al poder declaró ilegítima la deuda externa, alegando que le fue dada a Ecuador en condiciones leoninas. Asegura que hoy el principal acreedor es China –a quien le deben unos $9 mil millones– y que no se conocen ni siquiera los términos del endeudamiento. Asimismo, critica que como parte de su estrategia de control y cero transparencia el gobierno cambió las variables y los modos de calcular los índices estadísticos, uno de ellos, el de empleo. “No se puede comparar el empleo con otros países, porque mientras allá son binarios, en Ecuador tiene cuatro variables: empleo, empleo adecuado, empleo inadecuado, subempleo (...) todo es engañoso”, alegó.

Y hay más. A inicios de febrero del presente año los medios ecuatorianos reportaron que unos $2 mil millones del rubro “Deudas por cobrar del Gobierno” se extinguieron de los estados financieros del Fondo de Salud del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, y que eso era visible en el informe del Fondo de Salud.

Sobre esto, Solines detalla que en los estados financieros de 2014 aparece la deuda de mil 800 millones de dólares y en los de 2015, que salieron este año, ya no está. “Y puedes reclamar, denunciar ante la Corte Constitucional y no vas a lograr nada (...) Y si un medio de comunicación independiente o un opositor denuncia esto, ellos te pasarán 100 cadenas demostrándote que es mentira y que lo que hicieron fue un ejercicio contable (...) que por qué [tiene que] salir la plata de un bolsillo para irse a otro, que eso es ineficiente, te montarán cualquier discurso, pero borraron una deuda de mil 800 millones de dólares con la seguridad social”.

Además, indicó, como parte de este “manejo irresponsable”, tienen hechas ventas adelantadas de petróleo a China. “Incluso la principal fuente de ingreso del país está hipotecada, el gobierno que llegue no cuenta con eso”.

Plantean hoja de ruta para recuperar la libertad de prensa

“Ahora que el proceso electoral de 2017 ha entrado en la recta final, las empresas privadas que editan los diarios y revistas independientes de Ecuador llamamos a los ecuatorianos a coincidir en torno a una agenda común para rescatar los derechos fundamentales, de modo especial el derecho a la libertad de expresión (...) Una vez más, convocamos a la defensa del periodismo independiente y de los medios de comunicación, sin los cuales no es posible concebir un Ecuador verdaderamente democrático”. Así se inicia un comunicado emitido por la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos (Aedep) el 6 de marzo.
El pronunciamiento, que es consignado por nueve diarios, advierte de que “esta convergencia es necesaria puesto que los medios y los periodistas están asfixiados por el sistema de coerción, censura y presiones económicas que ha traído la estructura institucional autoritaria creada por el régimen”. El llamado de atención se produjo un mes después de que la Aedep y la oenegé de defensa de la libertad de expresión, Fundamedios, dieran a conocer un manifiesto en defensa de la libertad de expresión e información, que acompañaron con la propuesta “Libertad de Expresión: Hoja de Ruta 2017-2019”, que desarrolla una serie de acciones legislativas (5), ejecutivas (18) y judiciales (6), además de otras correspondientes al sector privado y la sociedad civil, a fin de tirar abajo la estructura “institucional de control” y las leyes que “acorralan” a la prensa. La propuesta fue elaborada con el aporte de abogados, periodistas, líderes gremiales, entre otros, e incluye reconceptualizar los objetivos y funciones de la Secretaría de Comunicación, “para que deje de ser un organismo de persecución a medios y periodistas”, reformar el reglamento de la Ley Orgánica de Comunicación, limitar el uso de las cadenas y todos los “espacios abusivos” de comunicación del gobierno, hacer una auditoría de los medios incautados y venderlos, elaborar una ley para garantizar la libertad de expresión en internet, reformar el Código Orgánico Integral Penal para eliminar la figura de la contravención para castigar la opinión y acoger sentencias internacionales que garantizan la libertad de expresión. De acuerdo con un monitoreo de Fundamedios, basado en procesos físicos conseguidos a través de peticiones de acceso a la información, bajo la Ley de Comunicación, aprobada en junio de 2013, se han impuesto 481 sanciones a medios y periodistas.

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