La Fiscalía Tercera Anticorrupción dictó medida cautelar de impedimento de salida del país a Luis Felipe Icaza, actual secretario ejecutivo de la Unidad Administrativa de Bienes Revertidos, y quien fungió como subcontralor de la República en el pasado gobierno.
Icaza fue indagado dentro de la investigación que sigue el Ministerio Público, por la presunta comisión del delito de falsedad ideológica en el proceso de adjudicación del contrato para el bingo televisado Buko Millonario que se implementó en la pasada administración.
Icaza acudió a la fiscalía el 10 de enero pasado, día en que se le comunicó que no podía salir del país y que debe notificarse una vez al mes ante el despacho judicial.
El funcionario fue miembro de la Junta de Control de Juegos (JCJ), adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y entidad que, de acuerdo con la investigación del Ministerio Público, aprobó supuestas falsedades en los requerimientos que debía cumplir Grupo de Inversión Mundial, S.A. (GIM) que ganó, el 7 de marzo de 2011, la adjudicación del Buko Millonario.
Otro de los imputados en este caso es el exministro de Economía y Finanzas Frank De Lima, quien fue indagado el pasado 19 de diciembre, y se le impuso la medida de impedimento de salida del país. También está en esa lista Giselle Brea, exdirectora de la JCJ.
La fiscalía investiga la supuesta infracción del numeral 4 del artículo 71 de la Ley 2 de 1998, que reestructuró la JCJ y que establece que el concesionario de los juegos de azar tiene la obligación de entregar “los nombres de las personas jurídicas” que se benefician de lo que genera el negocio. GIM solo aportó los nombres de los directivos: Jackeline Chan de Watson, Divina González y Egbert Agustín Wright. Pero las acciones estaban al portador, por lo que no se tiene información sobre los beneficiarios finales.