El Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Brasil rechazó ayer un pedido de habeas corpus para evitar que el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva sea encarcelado cuando agote sus recursos de segunda instancia contra una pena a más de 12 años de cárcel por corrupción.
La decisión fue adoptada por unanimidad de los cinco magistrados de ese tribunal que tenía el destino del expresidente brasileño en sus manos.
El rechazo del habeas corpus preventivo reduce las posibilidades del exmandatario, de 72 años y favorito para las elecciones presidenciales de octubre, de seguir en libertad si la corte de segunda instancia que lo sentenció deniega los últimos recursos de apelación.
Ese fallo, según los observadores, podría anunciarse dentro de unas pocas semanas.
“Deniego” el pedido, dijo el presidente del tribunal, Reynaldo Soares, que inclinó la balanza al ser el tercero en votar, agregando: “La última palabra es siempre del Supremo Tribunal Federal (STF, Corte Suprema)”, que el año pasado autorizó las detenciones sin esperar los fallos de las máximas instancias judiciales del país.
El abogado de Lula, Joao Sepúlveda Pertence, exintegrante del STF recientemente incorporado al equipo del exmandatario, alegó que el máximo tribunal solo se había pronunciado “sobre la posibilidad” de encarcelamiento una vez agotados los recursos de segunda instancia, sin que se trate de una medida obligatoria.
Esta fue otra de las muchas derrotas judiciales del exmandatario de izquierda (2003-2010), quien afirma ser víctima de una persecución para evitar que vuelva al poder.
“Este proceso es como si aún estuviéramos en los tiempos de la Inquisición, cuando no se necesitaban pruebas, apenas convicciones”, dijo Lula por la mañana a la radio local Metrópole. Lula enfrenta siete procedimientos penales.
Pero se declara inocente en todos los que se le presentan en su contra, alegando que son parte de un complot para que no se presente a las elecciones.
En una entrevista con la AFP la semana pasada, admitió que piensa “todos los días” en la posibilidad de ir a la cárcel, pero dijo que estaba decidido a batallar hasta el fin para probar su inocencia.
En paralelo a las cortes penales, la justicia electoral podría impedir que se postule a las elecciones, cuando se abran las candidaturas en julio, por tener una condena ratificada en segunda instancia.
Lula fue condenado en 2017 a nueve años y medio de prisión por aceptar un apartamento de lujo de una constructora involucrada en los sobornos a políticos del caso Petrobras.
Sus abogados apelaron, pero la condena fue ratificada unánimemente en enero de este año por el Tribunal Regional Federal Nº4 (TRF4), de segunda instancia, que además amplió la pena a 12 años y un mes de encierro.
La audiencia del STJ, responsable de la palabra final en litigios que no involucren cuestiones constitucionales, se enfocó en dilucidar si el eventual arresto de Lula sin agotar todas las instancias judiciales violaría su presunción de inocencia, como sostiene su defensa.
En 2016, el STF determinó que quienes tengan su condena confirmada serán pasibles de ser arrestados. Esa decisión buscó limitar los aplazamientos durante años de las ejecuciones de penas gracias a la multiplicación de recursos.
Fue además un arma esencial de la Operación Lava Jato (Lavadero de Carros) -junto con las prisiones preventivas y las delaciones premiadas- para desmantelar redes de corrupción público-privadas.
Centenares de empresarios y políticos, entre ellos el presidente conservador Michel Temer, sus principales ministros y buena parte de sus aliados, están bajo la mira de la justicia por esa tentacular investigación.
La decisión de este martes se limitó al habeas corpus, sin bloquear otras herramientas legales que podrían cuestionar el fondo de la sentencia, incluso ante el STF.
De hecho, el equipo legal de Lula ya presentó otro habeas corpus preventivo ante esa Corte Suprema para que pueda seguir en libertad. Ese recurso también fue rechazado preliminarmente y está pendiente de ser examinado por el plenario.
El líder de la bancada del Partido de los Trabajadores (PT), Paulo Pimenta, consideró “urgente” que el STF programe una audiencia para discutir el caso.