El juez federal Sergio Moro emitió ayer jueves una orden de arresto contra Luiz Inácio Lula da Silva, horas después de que el Supremo Tribunal Federal denegó una solicitud del expresidente de Brasil para no ir a la cárcel mientras apela una sentencia de culpabilidad por corrupción.
Moro le dio a Lula un plazo de 24 horas para que se presente ante la Policía Federal en la ciudad sureña de Curitiba.
El año pasado, Moro declaró culpable a Lula de hacer favores a una compañía constructora a cambio de la promesa de un apartamento en la playa.
Un tribunal de apelaciones refrendó dicha declaración de culpabilidad en enero.
Poco después de la orden dada por Moro, periodistas de la AFP vieron salir al exmandatario en automóvil del Instituto Lula en Sao Paulo.
La medida sorprendió por su rapidez, menos de 24 horas después de que el Supremo Tribunal Federal (STF) rechazara por un estrecho margen de 6-5 un recurso de la defensa del expresidente (2003-2010) para recurrir la sentencia en instancias superiores en libertad.
La orden de Moro se dio tras haber sido autorizado a emitirla por el tribunal de apelaciones de Porto Alegre, que ratificó su condena en enero.
Uno de los abogados de Lula, José Roberto Batochio, lamentó la decisión, que a sus ojos no respeta la posibilidad de presentar unos últimos recursos. “Estamos en un Estado de derecho, los poderes tienen sus propias atribuciones”, dijo.
La presidenta del Partido de los Trabajadores (PT), Gleisi Hoffmann, se reunió por la mañana con Lula y aseguró que estaba “bien, sereno, con la conciencia tranquila de los inocentes”.
Esta sería “una prisión política que vulnera la presunción de inocencia” y que, de concretarse, mostraría a Brasil como una “republiqueta bananera”, afirmó Hoffmann.
Imputado en otros seis procesos judiciales, el exmandatario niega todas las acusaciones y las considera parte de un complot de las élites para que no pueda volver al poder, después de haber dejado el cargo en 2010 como el presidente más popular de la historia reciente de Brasil.
Campaña
Paradójicamente, la ley brasileña permitiría que Lula haga precampaña desde la cárcel, ya que su postulación solo debería ser invalidada en agosto por la justicia electoral, que impide participar en comicios a personas condenadas en segunda instancia, como es su caso desde enero.
“La principal cuestión es saber lo que el fallo [del Supremo Tribunal Federal] significa para las elecciones. No está claro a dónde irán los votos de Lula. Pero vale la pena apuntar que Lula tendrá probablemente más dificultades en transferir sus votos a un candidato de izquierda desde la cárcel que si estuviera en actos de campaña”, escribió la consultora Capital Economics.
Para los fiscales y jueces de Lava Jato -la operación que desde hace cuatro años viene revelando una gigantesca trama de sobornos en la que también están implicados el presidente Michel Temer y varios de sus aliados- la inminente encarcelación de Lula es un golpe ejemplar contra la corrupción.
Con el PT pudiendo verse forzado a cambiar de candidato a último momento, los comicios de octubre se prevén como los más inciertos desde la restauración de la democracia en 1985.
“Si Lula fuera candidato, estaría en el segundo turno de las elecciones. Si queda fuera, el juego queda abierto y el candidato con mayor preferencia pasa a ser [el diputado ultraderechista Jair] Bolsonaro”, dijo Michael Mohallem, analista de la Fundación Getulio Vargas.