Acorralado por el escándalo de corrupción en Petrobras, el expresidente brasileño Luiz Inacio Lula da Silva (2003-2010) lanzó una ofensiva internacional en la Organización de Naciones Unidas (ONU), asegurando ser víctima de una “persecución política”.
Los abogados de este ícono de la izquierda brasileña ya habían cantado victoria el miércoles por la noche, al anunciar que el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos admitió una solicitud para pronunciarse sobre las “arbitrariedades” cometidas contra Lula por el juez Sergio Moro, que investiga el megafraude de la petrolera estatal.
Ayer, una portavoz del Alto Comisionado confirmó a la AFP que se “registró” formalmente una solicitud presentada por el expresidente brasileño, pero subrayó que se trata de una formalidad que no implica la admisibilidad, que debe ser examinada. La comisión todavía debe examinar la denuncia, oficialmente denominada “comunicación”, para determinar si es admisible, precisó.
De momento, esta fue transmitida a la misión de Brasil en Ginebra, que “tiene dos meses para presentar observaciones”. “En total, el tratamiento de una denuncia puede durar hasta cinco años”, agregó la portavoz.
En caso de admisibilidad, podría derivar, en el mejor de los casos para Lula, en una condena no vinculante contra Brasil.
Lula, que cumplió 71 años ayer, enfrenta juicios por corrupción, lavado de dinero, tráfico de influencias y presunta obstrucción de la justicia en el marco de la investigación Lava Jato (“lavadero de autos”) sobre millonarios desvíos de dinero en Petrobras.
El caso, que estalló en 2014, ya ha dado lugar a duras sentencias y sentado en el banquillo a buena parte de la élite política y empresarial de Brasil.
El expresidente ha reiterado su inocencia en todas las investigaciones y se ha declarado víctima de una “persecución política” que amenaza “los fundamentos de la democracia”.