El Ministerio Público de Venezuela abrirá investigaciones penales sobre los heridos y muertos en barricadas durante las protestas opositoras efectuadas entre abril y los primeros días de agosto del presente año, y por lo que calificó como “crímenes de odio” efectuados de forma premeditada.
Así lo informó ayer Tarek William Saab, al frente de esa entidad por designación de la Asamblea Nacional Constituyente tras destituir a la fiscal general Luisa Ortega Díaz –a pesar de ser potestad de la Asamblea Nacional electa por el voto popular–, y quien aseguró que se trata de investigaciones que no fueron abiertas en tiempo oportuno, en algunos casos, por “excusas baladíes”.
Sobre los heridos y muertos en barricadas, Saab dijo que busca garantizar justicia a las familias de esas víctimas por “la negligencia de la gestión pasada”.
En cuanto a los supuestos crímenes de odio a manos de “grupos, hordas, bandas en agavillamiento”, alegó que se trató de una actuación “con la premeditada intención de hacer daño (...) a personas por su orientación política, real o supuesta”. Indicó que en este grupo incluirá a la rectora del poder electoral, Socorro Hernández, en cuyo caso ya tienen la identidad de una de las personas que actuaron “de manera exprofesa en contra de ella”. Se refiere a un incidente en un supermercado donde la funcionaria fue increpada por ciudadanos por el “fraude” electoral de la constituyente y su falta de independencia.
Por otro lado, Saab dijo que abrirá pesquisas por la “aberrante utilización de niños y adolescentes en manifestaciones violentas”. Destacó que a pesar de ser público este hecho, su antecesora no abrió ningún proceso, “lo que provocó que Unicef expresara su preocupación a través de un comunicado el 8 de julio”, para “vergüenza de esta fiscalía general”. “Para la gestión pasada el hecho de que niños se manifestaran de manera violenta eso no importaba”, remarcó, y aseguró que existen al menos tres casos de madres que dijeron que sus hijos fueron “captados” para participar en protestas violentas y no interpusieron denuncias porque no confiaban en esa entidad.