La Fiscalía Quinta Anticorrupción solicitó una asistencia judicial a Colombia, para que le comparta detalles sobre la empresa Robotec Colombia, que tenía la representación de Hacking Team en Panamá y que habría recibido desembolsos por la compra de equipos para interceptar comunicaciones en el gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014).
Una fuente judicial que pidió la reserva de su nombre confirmó que la fiscal del caso, Enereida Barría, pretende determinar el papel de la empresa Robotec en el proceso de adquisición del equipo informático que supuestamente se utilizó para labores de espionaje durante la pasada gestión.
Por el momento, y hasta que se reciba la información solicitada a Colombia, la investigación seguirá en pausa. De acuerdo con lo informado por el Ministerio Público (MP), por este caso no se ha llamado a declarar a ninguna persona ni se han formulado cargos.
Cuando se abrió el sumario a principios de agosto de 2015, el expediente entró a la Fiscalía Primera Anticorrupción, a cargo de Tania Sterling, quien coordina todos los despachos anticorrupción, pero luego fue asignado a la Fiscalía Quinta.
LA GÉNESIS
El escándalo de Hacking Team surgió a mediados de julio de 2015, cuando medios de comunicación europeos informaron que piratas cibernéticos habían extraído miles de correos de los servidores de esa empresa italiana, la cual se dedica a comercializar programas de espionaje telefónico.
Entre los hallazgos que los hackers le dieron a conocer al mundo figuró un detalle que afectaba directamente a Panamá: el gobierno del presidente Ricardo Martinelli era uno de los clientes de Hacking Team.
De esta manera se supo, por ejemplo, que se adquirió la plataforma de espionaje Remote Control System (RCS) o Da Vinci; que el contrato fue pactado para operar entre 2011 y el 31 de mayo de 2014; y que el equipo costó $720 mil.
Entre lo revelado también figuró un correo del 14 de julio de 2011, de Hugo Ardila, de Robotec Colombia, en el que mencionaba detalles de la compra.
¿Dónde está? Hasta la fecha se desconoce su paradero, al igual que ocurrió con otros dos equipos comprados en la administración anterior a empresas israelíes.
En 2010, con fondos del extinto Programa de Ayuda Nacional, se compró el primer equipo a la empresa M.L.M. Protection, por $13.4 millones. Mientras que en 2011 se adquirió el segundo, con características más sofisticadas, a la compañía NSO Group, por $8 millones.
Por la supuesta comisión de delitos contra la inviolabilidad del secreto y el derecho a la intimidad son investigados los exsecretarios del Consejo de Seguridad Nacional Gustavo Pérez y Alejandro Garuz, entre otros. Mientras tanto, la Corte Suprema de Justicia procesa al expresidente Ricardo Martinelli por esta misma causa.