Siete procesos relacionados con presuntos delitos contra la administración pública en perjuicio de la Universidad de Panamá (UP) se acumulan en cuatro fiscalías anticorrupción del Ministerio Público (MP). Los hechos se dieron durante la pasada administración de Gustavo García de Paredes como rector de la entidad.
La fiscal cuarta Anticorrupción, Heydi Cedeño, adelanta las pesquisas por supuestas irregularidades en el contrato para el diseño, construcción y equipamiento de centros de innovación en la UP al Consorcio Innovación Educativa.
Esta agencia de instrucción también investiga la compra de tres transformadores para el Centro Regional Universitario de Azuero por $13 mil 500 a la empresa Electro-Ventas y Servicios Generales del Istmo.
Además, la fiscal Cedeño averigua un contrato de 2008 por el arrendamiento de 21 hectáreas durante 20 años al consorcio Pacífico Atlántico, por el que la UP recibe 18 centavos por metro cuadrado.
El fiscal segundo Anticorrupción, Javier Mitre, lleva el proceso sobre la adjudicación para la capacitación, consultoría y evaluación de proyectos por $490 mil 100, dado a la Fundación Universidad de Panamá.
Esta fiscalía tiene otro expediente por supuestas anomalías en el contrato para el suministro e instalación de transformadores en las facultades de Derecho y de Humanidades a la compañía Electro-Ventas y Servicios Generales del Istmo.
La Fiscalía Tercera Anticorrupción investiga el alquiler de 2.9 hectáreas, en 1997, por 21 años, a la Corporación Westminster, S.A., cuyo dueño es Salomón Víctor Hanono Wiznitzer.
Adecio Mojica, fiscal Primero Anticorrupción, investiga otro alquiler a Hanono Wiznitzer a través de la compañía Parque Industrial y Corporativo Sur.
Es el alquiler de 18.2 hectáreas, aunque actualmente ocupa el doble licitado, donde la UP recibe 5 centavos por metro cuadrado al mes, que serían más de $16 mil.
Los terrenos arrendados se encuentran ubicados cerca del Aeropuerto Internacional de Tocumen.
