La Mesa de la Unidad Democrática (MUD) anunció ayer que el próximo martes instalará un cabildo abierto para recoger las firmas que requieren –un 20% de los inscritos en el Registro Electoral– para activar el referendo revocatorio del mandato del presidente Nicolás Maduro.
La información, divulgada en rueda de prensa por el alcalde del municipio Sucre, Carlos Ocariz –y disponible en un comunicado- indica que estarán desplegados en mil 500 puntos de información de todo el país.
“Ante los caprichos del CNE [Consejo Nacional Electoral] debemos responder con fuerza, convicción y disciplina. El #6D fue un ejemplo”, precisó Ocariz, quien estuvo acompañado por el secretario ejecutivo de la Unidad, Jesús Torrealba; el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Allup, y Delsa Solórzano, diputada presidenta de la Comisión de Política Interior.
A su turno, Torrealba dijo que “los corruptos del Gobierno deben entender que 85% de la población quiere sacar a Maduro del poder por vías constitucionales”.
La rueda de prensa fue en reacción a la decisión del organismo electoral que la noche anterior anunció que “dio por recibida, este jueves, la solicitud de activación de referendo revocatorio presidencial” y que “ordenó a la Oficina Nacional de Participación Política y a la Comisión de Registro Civil y Electoral verificar el cumplimiento de recaudos, de acuerdo con lo establecido en las normas para regular la promoción y solicitud de referendos revocatorios de mandatos de cargos de elección popular”, seis resoluciones del CNE emitidas durante 16 años de vigencia de la Constitución de 1999, a pesar de que, asegura el proyecto de Ley Orgánica de Referendos, actualmente en discusión en la Asamblea, “el artículo 70 de la Constitución ordena que los mecanismos de participación política de los ciudadanos” deben ser “normados por medio de Ley”, lo que es potestad de los diputados.
El comunicado colgado en el sitio web del CNE el jueves también señala que la decisión fue acordada en una sesión y que “implicará la revisión de las firmas consignadas, a fin de constatar que corresponden a ciudadanas y ciudadanos debidamente inscritos... así como de los documentos entregados, que deberán estar ajustados a las previsiones estatutarias de la organización” que actúa como mediadora.
La misma noche del jueves, la MUD emitió una nota de prensa en la que rechazó la postura de no entregar “la planilla para la recolección del 1% de las firmas para realizar el revocatorio”. “Condenamos que Tibisay Lucena insista en ser un obstáculo para el pueblo… La rectora tiene un mes entregando esta planilla, el CNE no le pertenece a Tibisay Lucena, el CNE no le pertenece a los rectores ni al PSUV [el oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela]”.
El comunicado, que lleva la firma de Torrealba, también advierte de que “de ahora en adelante, lo que ocurra en el país no solo será responsabilidad del gobierno ineficiente y corrupto de Nicolás Maduro. Será especialmente culpa de Lucena y demás agentes oficialistas en el directorio del CNE… quienes se empeñan en evitar que el deseo de cambio se exprese conforme” a la Constitución”.
En entrevista con Globovisión ayer, el rector del CNE, Luis Emilio Rondón, declaró que se mostró contrario a lo decidido. Manifestó su “más profundo rechazo” a que “luego de culminada la sesión no se acordara la valoración de los documentos que fueron consignados” por la MUD con el propósito de que se le consignara las planillas que corresponden a la recolección de la fase previa del 1%.
Consideró, además, que lo que debió haber sucedido era que “se evaluaran los documentos formales y el acta, y se emitiera la planilla que le da el paso siguiente a la fase preparatoria de la solicitud de promoción”.
El diputado opositor Tomás Guanipa también rechazó la decisión del CNE. “De forma flagrante le han mentido al país al decir que no hemos cumplido con los requisitos”, aseguró. “Te has convertido, junto a Maduro, en la principal responsable de la crisis que vive la nación. Sobre tus hombros recae también la responsabilidad de la paz en el país y de lo que pase de ahora en adelante”, añadió.
A través de su cuenta de Twitter, Ramos Allup contestó a los rectores: “Malandrerías” ejecutadas por el CNE y el Tribunal Supremo no prescriben, acarrean responsabilidad administrativa, civil y penal”.