Alfredo Romero, director ejecutivo del Foro Penal Venezolano –organización que lideró la elaboración de las dos propuestas de amnistía presentadas a la Asamblea Nacional– precisó en su cuenta de Twitter ayer cuáles son los caminos que quedan tras la aprobación, la noche del martes, en segundo debate, de la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional.
“Se envía al presidente para su promulgación. El presidente puede decidir tres cosas: decirle que sí a la ley y promulgarla o no promulgarla”, y si opta por no sancionar la ley –algo que ha anunciado– tiene el camino de proponer modificaciones y enviarla a la Asamblea nuevamente o pedirle al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que evalúe su inconstitucionalidad.
Lo anterior sucedió ya dos veces, con el decreto de emergencia propuesto por el Ejecutivo y el TSJ se pronunció a favor de Maduro.
En entrevista con Unión Radio, otro miembro del Foro, Robiro Terán, remarcó que la Asamblea ha seguido todos los procedimientos legales y que es facultad de ese órgano del Estado aprobar la ley. “El artículo 187 de la Constitución establece que es a la Asamblea a la que le corresponde aprobar la amnistía, es una decisión que no depende del Ejecutivo... una vez aprobada y puesta en Gaceta irá al terreno jurídico, donde los tribunales deberán hacer lo propio... Dependiendo de lo que hagan ellos... tendremos que ir a instancias internacionales”, afirmó.
Lilian Tintori, esposa del encarcelado líder opositor Leopoldo López, anunció en rueda de prensa que empiezan ya una gira nacional de 10 días para divulgar la ley, y que harán lo mismo en el exterior.
En tanto, Maduro volvió a atacar la ley, esta vez durante un acto de Gobierno. “Es la ley más criminal que jamás se haya aprobado en el país. Yo pregunto: ¿es esa ley de impunidad criminal la que nos va a conducir a consolidar la paz de Venezuela? ¿Ayuda en algo al país, en su proceso de recuperación económica?”. Y luego convocó a un debate nacional.
En declaraciones a Globovisión, el consultor jurídico de la Asamblea, Jesús M. Casal, informó que desde el momento en que el mandatario reciba la ley tendrá 10 días para pronunciarse.
Venezolanos en Miami, entre ellos expatriados por razones políticas, aplaudieron ayer la aprobación de la amnistía, pero están conscientes de que su puesta en vigencia requerirá una “larga batalla”. “Estamos contentos porque la Asamblea cumplió con su promesa electoral pese a todos los inconvenientes”, dijo José Colina, presidente de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio.
“El hecho de que haya una ley forma parte de esa orden que dio el pueblo soberano en las elecciones” del 6 de diciembre de 2015, cuando la oposición conquistó la mayoría en la Asamblea, dijo a la AFP José Hernández, representante de la Mesa de la Unidad Democrática en Miami.
La ley aprobada el martes por la mayoría opositora pretende sacar de la cárcel a unos 76 presos políticos y podría beneficiar a “perseguidos y exiliados”, aunque Maduro anticipó que la vetará, aduciendo que se trata de un “autoperdón de asesinos”.