El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, decidió ayer pedir a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia que declare ilegal una ley de amnistía aprobada la semana pasada por la oposición, que tiene mayoría en el Parlamento, para liberar a sus dirigentes presos.
Ante miles de seguidores que se manifestaron frente al palacio presidencial de Miraflores contra la amnistía, Maduro dijo haber decidido “hoy mismo” iniciar el trámite para “pedir a la Sala Constitucional que declare inconstitucional la ley de amnistía criminal” .
En su discurso transmitido por cadena de radio y televisión, el mandatario también anunció que evaluará una propuesta de acortar el período del actual Parlamento, si este insiste en aprobar una enmienda constitucional para acortar su gobierno (2013-2019).
“La voy a evaluar con absoluta seriedad, le prometo al país, y si veo la posibilidad de despejar los caminos del golpismo y de la utilización de la Asamblea Nacional, yo mismo la activaría si el pueblo me acompaña. Se los prometo y me comprometo”, expresó.
Maduro justificó su pedido a la Sala Constitucional, señalando que la amnistía aprobada el 29 de marzo es “una ley de guerra para el odio” y “un autoperdón de los golpistas donde confiesan sus crímenes durante 17 años de gobierno chavista”.
La Sala Constitucional es una poderosa instancia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), al que la oposición acusa de estar al servicio del oficialismo.
La oposición se ha propuesto sacar a Maduro del poder mediante un referendo revocatorio o una enmienda constitucional que reduzca su mandato de seis a cuatro años, junto con movilizaciones populares que reclamen la renuncia del presidente.
El gobernante acogió para estudio una propuesta del constitucionalista Hermann Escarrá, quien intervino antes que él en el acto de este jueves, para responder a la proyectada enmienda.
Según el jurista, Maduro está facultado para plantear un recurso similar ante el Consejo de Ministros, “sin pasar por la Asamblea legislativa. El artículo único de esa enmienda debe decir: se reduce a 60 días el período constitucional de los integrantes de la actual Asamblea Nacional”, dijo Escarrá.